Los ministros de Gobierno y de Economía de Mendoza, Lisandro Nieri y Martín Kerchner, mantendrán una reunión este martes con el ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, y con representantes de otras provincias petroleras. El objetivo es que no queden dudas sobre el decreto que congeló los precios de las naftas y a partir de eso decidir si Mendoza debe plegarse a las posibles demandas contra el gobierno nacional o no.
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El gobierno mendocino tiene varias razones para pensar en una posible demanda. Por un lado, las regalías que dejará de percibir con un dólar, tasado por decreto a $45,19. Pero no se trata solo del costo fiscal.
Según explicó Nieri a Canal 7, el costo real también preocupa ya que el decreto también puede motivar que las empresas cambien sus planes de inversión.
Para esto, lo primero que busca averiguar el Ejecutivo de Mendoza es si esta medida será realmente por 90 días o perdurará en el tiempo. Lo segundo, si hay una posibilidad de que la pérdida que tendrán las provincias podrán ser recuperadas con un crédito a futuro.
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“Estamos convencidos de que esto no puede pasar a precio. No corresponde porque no todos los costos están dolarizados”, explicó Nieri, haciendo referencia al salto que tuvo el dólar de $46 a $62 durante la madrugada posterior a las PASO 2019.
“Si es temporario, entendemos que es parte de ese esfuerzo”, manifestó el ministro de Gobierno que reconoció cierta preocupación por cómo esta medida inconsulta puede afectar las inversiones.
“Tenemos muchas expectativas del ala norte de vaca muerta. Si bien se pretende que los precios sean factibles, esto no puede alterar los planes de inversión de las empresas”, dijo.
Según Nieri, “si las empresas productoras, por recibir esta suma, podrían alterar sus planes de inversión, esto podría significar que Vaca Muerta no tenga las proyecciones que tenía hace diez días” y recordó que en Mendoza ya se empezó a trabajar en la extracción no convencional.
Además de Mendoza, el resto de las provincias petroleras, principalmente las de la oposición también han planteado la posibilidad de demandar a la Nación por el decreto.