En pocas palabras
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) exige que las viviendas sociales adjudicadas sean utilizadas de forma exclusiva como residencia habitual, prohibiendo su alquiler a terceros. Ante el aumento de irregularidades detectadas y denunciadas por los vecinos, el gobierno acelerará los procesos de desalojo tramitándolos en los juzgados de paz para recuperar los inmuebles mal utilizados.
