“Hemos recibido testimonios y declaraciones de familiares y víctimas de la represión. Hay fallecidos, heridos, detenidos y desaparecidos”, contó a este medio el abogado mendocino Pablo Garciarena, que integró la “Comitiva Argentina de Solidaridad con el Pueblo Boliviano", que estuvo durante varios días de esta última semana recorriendo el país vecino.
Pablo es mendocino e integrante de Xumek, la Asociación local para la promoción y protección de Derechos Humanos.
Te puede interesar:Indignante. Video: Ladrón asesinó con un tiro en la cara a una vendedora que le había dado la plata sin resistirse
La llegada de la comitiva a Bolivia fue muy tensa y sufrió acoso de las fuerzas de seguridad y militares y personas afines al ultraderechista Luis Fernando Camacho, que potenció el golpe contra el gobierno de Evo Morales.
“Las condiciones de seguridad de la Comisión fueron relativamente normales, más allá del incidente que tuvimos al llegar”, indicó el abogado.
“Realizamos un amplio trabajo de recolección de datos, información, entrevistas y denuncias, para elaborar un informe completo”, indicó.
La Comisión indicó que se organizaron distintos registros en función de la diversidad de casos. “Hay un registro que es el de detenidos en unidades judiciales y en cárceles, un registro de heridos y familiares de heridos (tanto hospitalizados como heridos que están en sus casas porque son rechazados por el sistema de salud).
Agregaron que “hay otro registro, que es el de familiares de asesinados o desaparecidos” y también “hay otro registro que es el de mujeres que por su condición de mujeres y campesinas e indígenas han sufrido violaciones contra su integridad sexual, amenazas o amedrentamientos”.
Las entrevistas fueron coordinadas por abogados y abogadas especializados y las víctimas fueron asistidas por la comitiva de militantes y referentes derechos humanos y sociales de la delegación.
El informe de la Comisión
- 1) Masacres perpetradas contra población civil:
- a) Sacaba (Cochabamba) con al menos seis muertos, centenares de heridos y detenciones arbitrarias tras el accionar de las Fuerzas Armadas.
- b) Senkata (Ciudad del Alto) con al menos nueve muertos, personas
desaparecidas, centenares de heridos y detenciones arbitrarias,
consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas. - 2) Desaparición forzada de personas
Esta delegación logró constatar situaciones de desapariciones forzadas de personas a lo que se suma una cantidad importante de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales pero cuyos familiares no han podido contactarlas y sobre quienes
el gobierno de facto no ha facilitado información respecto de su paradero. - 3) Torturas, violaciones y delitos sexuales
Esta delegación logró constatar situaciones de tortura en espacios públicos y dependencias estatales. Asimismo, constatamos diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad.
Recibimos testimonios sobre estos delitos, en algunos casos de parte de las propias víctimas y en otros casos de parte de otros testigos. El miedo está instalado y los sucesos son muy recientes, lo que inhibe las acciones de denuncia por parte de la población. - 4) Ataques contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares
Esta delegación logró constatar una cantidad significativa de ataques contra funcionarios públicos y sus familiares por parte de grupos de choque con métodos de amedrentamiento que incluyeron la destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas de familiares, humillación pública y linchamientos. Las
situaciones relevadas indican la habilitación de “zonas liberadas” para la actuación de grupos parapoliciales. Destacan los relatos que actuó como principal grupo de choque la Unión Juvenil Cruceñista. - 5) Persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales
Esta delegación logró constatar la irrupción y destrucción de casas particulares, particularmente en la zona del Alto y Chapare, realizadas por Fuerzas Armadas, con el objeto de capturar a diversos dirigentes sociales, sindicales, indígenas y campesinos.
Además de la persecución, todos estos grupos han visto afectados sus derechos más elementales. - 6) Confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la defensa
Diversos testigos han relatado la existencia de listas negras. Esta situación es coincidente con las declaraciones públicas del ministro Murillo quien dijera: “Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar
sus nombres, que están haciendo subversión (…). A partir de lunes voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales”.
Asimismo, hemos constatado que numerosos militantes y dirigentes políticos, así como funcionarios del gobierno derrocado, que se encuentran detenidos, carecen de toda garantía procesal. En particular, se les ha negado el derecho a la defensa tanto particular
como pública. En ese sentido, los defensores públicos han manifestado su temor a asumir dichas defensas. - 7) Represión de manifestaciones públicas
Se constataron diversos casos de represión por parte de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas con uso absolutamente desproporcionado de violencia. Los relatos y evidencias recogidas describen el uso indiscriminado de armas de fuego, gases
lacrimógenos, disparos desde helicópteros, ráfagas de disparos desde vehículos militares y golpizas a manifestantes dispersados por la fuerza. Miles de personas fueron encarceladas en forma arbitraria y criminalizadas a partir de procedimientos policiales fraguados, y
procesados por sedición y terrorismo. - 8) Restricción manifiesta de la libertad de prensa
La delegación ha tomado contacto con periodistas de medios locales quienes han referido haber sido víctimas de hostigamientos, amenazas y restricciones a la necesaria libertad para ejercer su profesión. La prensa internacional también ha sido víctima de
hostigamientos y acoso. Especial gravedad reviste para esta delegación el caso del periodista argentino Sebastián Moro. - 9) Promoción del racismo y los discursos de odio
Hemos constatado la utilización de discursos racistas y de odio, por parte de representantes del gobierno de facto, para descalificar a dirigentes opositores y de movimientos sociales. Se han verificado prácticas discriminatorias y estigmatizadoras sobre las víctimas de la represión. Son significativas, además, otras formas de violencia
simbólica, por ejemplo, la destrucción de emblemas de los pueblos originarios como la bandera wiphala. - 10) Negación de salvoconductos para perseguidos políticos con pedidos de refugio aceptados por los países de recepción
Hemos verificado que en diversas embajadas y delegaciones consulares se encuentran personas perseguidas por el gobierno de facto a quienes se les han negado las garantías necesarias para poder salir del país. - 11) Inacción y encubrimiento del poder judicial
El poder judicial se encuentra sometido al gobierno de facto. Víctimas y familiares fueron coaccionados para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales como condición para poder ser atendidos. Hemos constatado una situación de impedimento absoluto del
acceso a la justicia.
Para esta Delegación fue imposible reunirse con funcionarios del poder judicial, la acusación pública o la defensa pública, a pesar de los reiterados requerimientos realizados. - 12) Hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales
Esta delegación pudo constatar, en su propia experiencia, el hostigamiento que han padecido diversos grupos de derechos humanos. En particular, nuestra delegación fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los pasajeros y sometida un interrogatorio en un lugar aislado, con presencia policial y militar, en una práctica totalmente inusual respecto de los controles migratorios habituales.
Algunas integrantes de la delegación fueron sometidas una exhaustiva requisa para la que se les exigió desvestirse. Luego de que se nos permitiera continuar hacia nuestra conexión a La Paz, fuimos abordados por un grupo de aproximadamente doce personas vestidas de civil, en un pasillo del aeropuerto que se encontraba curiosamente desierto en el que solo estaban presentes miembros de las fuerzas de seguridad que dejaron actuar a este grupo. Estas personas nos agredieron verbal y físicamente y nos amenazaron.
Al día siguiente, el Ministro de Gobierno Arturo Murillo, al referirse a los hechos acontecidos la noche anterior, dijo lo siguiente: “Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país, hechos las mansas palomitas, a tratar de incendiar el país, que
anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo”. “En el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo y sedición, se la verán con los policías. La policía está atenta y tiene la orden para no
permitir que se dañe el país, no hay tolerancia con terrorismo, sedición y movimientos armados”.
Por la tarde, un grupo de Delegación que había ido a visitar a una senadora en huelga de hambre en la Asamblea Nacional, fueron víctimas de acoso y hostigamiento por parte de grupos de choque allí los estaban esperando.
En todo momento, durante nuestra visita a Bolivia, hemos sido vigilados, seguidos y espiados en todas las actividades que realizamos.
Cabe destacar que las fuerzas armadas y policiales contaron con un manto de impunidad para su accionar represivo a raíz de la sanción del Decreto Supremo 4078 y la circular del General de Brigada Luis Salazar Escobar que permite establecer “zonas militares”. Estos y
otros elementos, sumado a declaraciones públicas de altos funcionarios, no deja duda alguna para establecer la naturaleza sistemática de estas violaciones a los derechos humanos y crímenes de estado, por lo que esta Delegación considera que encuadran en la
categoría de crímenes de lesa humanidad. - Hacemos un llamamiento a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y a toda la comunidad internacional para que se comprometan con la tutela de
los derechos humanos, civiles, políticos, sociales y culturales que se encuentran amenazados por el actual estado de cosas y que han sido sistemáticamente violados por el gobierno de facto.
Frente a esta situación, la apertura de un proceso electoral en los próximos ciento veinte días, que implique la recuperación de la plena vigencia de la democracia y el estado de derecho en el Estado Plurinacional de Bolivia, solo será posible en la medida en que se
garanticen los derechos que hoy son sistemáticamente vulnerados. En particular, hemos recibido denuncias sobre persecuciones a militantes políticos, sociales y sindicales quienes refieren hostigamientos y la imposibilidad absoluta de ejercer su derecho de reunión y toda actividad necesaria para la participación en dicho proceso. Para ello será indispensable la participación de observadores externos e independientes que monitoreen todas las instancias del proceso electoral. - La Delegación redactará y dará a conocer, en los próximos días, un informe completo detallando cada uno de los casos relevados en el marco de la nuestra visita.