Cuando el caso salió a la luz, varias mujeres que fueron inquilinas del jubilado se presentaron a declarar en la fiscalía interviniente y relataron sus propias experiencias de acoso y manipulación sexual.
Al momento de tomarles la declaración testimonial, las ex inquilinas coincidieron en la versión de que el hombre aprovechaba la necesidad habitacional como herramienta para coaccionar y violentar.
La casa es compartida por varias jóvenes bajo un régimen informal de alquiler, que carecía de contratos y garantías legales, una situación común que se registra en muchas partes del país, principalmente para el caso de estudiantes.
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La denuncia formal por el hecho fue radicada en la Comisaría de San Isidro y la Fiscalía de turno actuó rápidamente, ordenando pericias médicas y citando a declarar a otras inquilinas, tanto actuales como anteriores.
De acuerdo a lo informado por medios locales, fuentes judiciales indicaron que el jubilado podría ser imputado por los delitos de acoso reiterado, abuso de poder y lesiones, y no se descarta que se sumen otras figuras penales a medida que se incorporen más testimonios.