El sistema de pasajes gratuitos de larga distancia para discapacitados, personas trasplantadas y pacientes con cáncer quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que el gobierno nacional dejara de pagar las compensaciones económicas a las empresas de transporte. Aunque el beneficio continúa vigente y no fue eliminado, ahora el costo recae sobre las compañías privadas.
La situación generó tensión entre las empresas y el Estado nacional. Desde el sector empresario aseguraron que ya existe una deuda millonaria y advierten que no les corresponde financiar un servicio social que, según remarcan, debe ser cubierto por el Estado. Mientras tanto, las personas que utilizan estos pasajes dependen del sistema para viajar a tratamientos, controles médicos o trámites.
Qué cambia con los pasajes gratuitos
Durante una entrevista en El Siete, el empresario Mauricio Badaloni explicó que el gobierno nacional dejó de otorgar las compensaciones económicas que recibían las empresas por trasladar gratis a personas alcanzadas por este derecho. Sin embargo, aclaró que el beneficio no fue dado de baja y que las compañías siguen obligadas a prestar el servicio.
La ley establece que cada beneficiario puede viajar junto a un acompañante, por lo que en total son 2 pasajes por persona. Actualmente, las empresas reservan 4 asientos por unidad para este sistema.
El problema, según planteó el empresario, es quién absorbe ahora ese costo. Badaloni sostuvo que las empresas de transporte no tienen otra fuente de ingresos más que la venta de pasajes y que no pueden hacerse cargo de una política pública sin financiamiento estatal.
También indicó que la deuda acumulada de Nación con el sector ronda los $27.000 millones.
La pelea judicial y la continuidad del servicio
De acuerdo con lo explicado por Mauricio Badaloni, la Cámara de Empresas de Transporte ya inició acciones judiciales contra el Estado nacional por la falta de pagos. Incluso aseguró que ya existen dos fallos favorables para las empresas.
Pese al conflicto, el empresario afirmó que por ahora el sistema seguirá funcionando. Las personas que necesiten acceder al beneficio deberán continuar realizando las consultas a través de la página de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, donde figura la disponibilidad de pasajes gratuitos.
Badaloni insistió en que el reclamo no está dirigido contra las personas con discapacidad, trasplantadas o pacientes oncológicos, sino contra el esquema de financiamiento. Según señaló, si el Estado considera que el sistema actual no funciona, debería impulsar una reforma integral, pero no trasladar la responsabilidad económica a los privados.
Además, advirtió que la situación genera un conflicto innecesario entre las empresas y quienes necesitan viajar. “Las gratuidades las tiene que pagar el Estado”, remarcó durante la entrevista.
Mientras la discusión sigue en la Justicia, miles de personas continúan dependiendo de estos pasajes para acceder a tratamientos médicos y controles en distintas provincias del país.




