Imaginate comprar el terreno para construir la casa de tu sueños, pero que no puedas cumplirlo ni poder construir porque nadie actuó ante el pedido de retirar una antena afectando el uso de tu propiedad. Este caso fue real y ocurrió en Santa Fe.
Pidió que retiraran una antena, nadie lo hizo y no pudo construir su casa
En 2007, Carolina compró un lote ubicado entre la ruta nacional 9 y Santa Fe, pero antes de concretar la operación, consultó a la Municipalidad por una antena de celulares instalada en un terreno vecino cuya estructura funcionaba por fuera de las normas vigentes.
Confiando en que sería retirada, ella avanzó con la compra del lugar. Sin embargo, cuando su arquitecto vio el terreno le advirtió sobre la cercanía de la antena y los riesgos que se corrían. Por eso en 2009, solicitó que lo quitaran y mientras avanzaba con los trámites, le empezó a dar forma al proyecto de su vivienda y solicitó un préstamo para afrontar los gastos de construcción.
Ya para el año 2010, aunque la Municipalidad emitió el decreto mediante el cual intimó a la empresa de telecomunicaciones para sacar la estructura y le impuso una multa, esta no cumplió con la orden y el municipio tampoco logró hacerla efectiva.
Carolina recurrió a la Justicia y el Juzgado Civil y Comercial N.º 3 de Rosario ordenó retirar la antena en un plazo de 30 días. Sin embargo todo se repitió, la estructura permaneció instalada hasta 2014, cuando finalmente fue desmantelada.
Cinco años de espera, un proyecto de vida frustrado y la indemnización
Para Carolina, la demora le provocó consecuencias económicas y personales entonces, abandonó la idea de construir su casa, tuvo que pagar los honorarios del arquitecto por un proyecto que no pudo ejecutar y tuvo que modificar sus planes.
Además, tuvo que buscar otra propiedad y terminó comprando un nuevo terreno en 2012. Como los reclamos fueron rechazado, se hizo la demanda y el caso llegó al Tribunal de Responsabilidad Extracontractual que confirmó la responsabilidad de la empresa y la Municipalidad por los daños ocasionados.
Los jueces señalaron que el municipio no había hecho cumplir sus propias disposiciones administrativas y que la situación involucraba intereses vinculados con la protección del ambiente y la salud pública.
De esta forma, considerando los posibles riesgos que la antena podía representar como derrumbes, desprendimientos o descargas eléctricas, finalmmente se estableció una indemnización cercana a 1.352.000 pesos con intereses calculados.


