Cayó por la escalera de un micro en movimiento y sufrió una grave fractura: condenan a la empresa a pagar $53.300.000

Lo que debía ser un plácido viaje de regreso en micro tras unos días de descanso en las Termas de Río Hondo se transformó en un calvario de cirugías, dolor crónico y litigios judiciales luego de que una mujer cayera por las escaleras internas del vehículo.

Todo ocurrió cuando una pasajera que viajaba a bordo de un micro de larga distancia rodó por las escaleras internas que comunican ambos pisos de la unidad luego de que el conductor le ordenara cambiar de asiento con el rodado en marcha. Tras comprobarse las severas secuelas físicas que padece, el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 2 de Lomas de Zamora condenó a la compañía transportista a pagarle una indemnización de $53.300.000 más intereses.

El hecho se produjo el 10 de octubre de 2022 y tuvo como protagonista a Dora Elena Maldonado, quien había adquirido su pasaje con la empresa Transportes Piru Tur SRL (que brindaba servicios bajo la denominación comercial Don Percano) para trasladarse desde la localidad de Los Núñez, en Santiago del Estero, con destino a Merlo, en la provincia de Buenos Aires.

La orden del chofer con el coche en marcha y la violenta caída

Cerca de las 16 de aquel día, la pasajera subió a la unidad de doble piso para emprender el trayecto de regreso. Según consta en el expediente judicial, alrededor de las 18:50, cuando el ómnibus transitaba por la Ruta Provincial 211 a la altura del paraje Rodeo Valdez, uno de los choferes se aproximó hasta su butaca en la planta alta y le exigió de manera tajante que abandonara el lugar, según publicó el sitio TN.

Bajo el argumento de que esas ubicaciones delanteras estaban asignadas a otros pasajeros, el empleado le indicó que debía dirigirse hacia el fondo del vehículo. Con el colectivo en plena circulación sobre el asfalto, Maldonado se puso de pie para obedecer la indicación; sin embargo, el propio movimiento del rodado le hizo perder el equilibrio, provocando que se precipitara de espaldas por las escaleras del micro hasta la planta baja. La violencia del impacto contra los peldaños fue tal que la mujer sufrió lesiones de extrema gravedad y llegó a perder el conocimiento.

Cirugía con clavo endomedular y un 54% de incapacidad permanente

El cuadro médico posterior obligó a una inmediata internación y a complejas intervenciones quirúrgicas. Los informes periciales incorporados a la causa detallaron que la damnificada padeció una fractura grave en la pierna izquierda, lesión que demandó una cirugía traumatológica para colocarle un clavo intramedular destinado a estabilizar los fragmentos óseos.

El perito médico que intervino en el proceso constató que, pese a los extensos meses de reposo y los tratamientos de rehabilitación motriz, Maldonado quedó con cicatrices visibles en el muslo y la rodilla, rigidez articular y limitaciones funcionales definitivas que le impiden realizar tareas cotidianas con normalidad. El examen técnico concluyó que la pasajera padece una incapacidad parcial y permanente del 54,6%. A su vez, los análisis psicológicos detectaron secuelas traumáticas y trastornos emocionales derivados directamente del siniestro, sugiriendo terapia durante un período no menor a un año.

El deber de seguridad y el desglose de la millonaria condena

Al momento de evaluar las responsabilidades, la aseguradora del vehículo reconoció la existencia de la póliza pero intentó aminorar los reclamos, mientras que la empresa de transporte demandada ni siquiera compareció al juicio en los plazos fijados, por lo que fue declarada formalmente en rebeldía.

A partir de los testimonios coincidentes de otros pasajeros y las constancias periciales, el juez Roberto Carlos Miño Sotero Arnold remarcó que las firmas de transporte de pasajeros asumen una estricta obligación contractual de seguridad, lo que implica el deber indelegable de trasladar a los usuarios sanos y salvos hasta su punto de destino.

Al comprobarse que la orden de desplazamiento se dio con la unidad en movimiento y sin recaudos de protección, el magistrado resolvió aplicar una condena económica total de $53.300.000, distribuida en los siguientes rubros resarcitorios:

$30.000.000 en concepto de incapacidad física permanente.
$15.000.000 por daño moral y afecciones espirituales.
$8.000.000 destinados a resarcir el daño psicológico y solventar el tratamiento terapéutico futuro.
$300.000 para cubrir los gastos médicos, farmacéuticos y traslados generados tras el hecho.