Mendoza aprobó un protocolo para intervenir en casas abandonadas o usurpadas
Una nueva norma fija el procedimiento para que el Estado intervenga en "aguantaderos" y otras construcciones que favorecen la inseguridad en los barrios
Una casa abandonada que tuvo que intervenir el municipio de Guaymallén.
La Provincia oficializó este martes un instrumento para responder más rápido ante construcciones que representan un foco de inseguridad en los barrios. A través de la Resolución 5425/2025, el Ministerio de Seguridad y Justicia aprobó el “Protocolo para la intervención preventiva administrativa sobre inmuebles con fines de seguridad pública y ciudadana”, pensado para actuar sobre casas abandonadas, vacantes o en condiciones de usurpación que favorecen delitos, el ocultamiento de personas y el deterioro del entorno.
El texto, publicado en el Boletín Oficial, parte de un diagnóstico conocido por vecinos y autoridades: hay propiedades que quedaron fuera del uso de sus dueños y se convirtieron en aguantaderos o espacios de riesgo.
Las casas usurpadas son un fenómeno que no figura mucho en las noticias, pero puede representar un problema grave para los afectados. En la imagen, un empleado intenta tapiar un portón para que no ingresen los intrusos.
Qué se puede hacer con las casas usurpadas o abandonadas en Mendoza
Frente a ese escenario, la norma habilita medidas ágiles como el tapeo de aberturas, cierres perimetrales, retiros de escombros o demoliciones parciales cuando sea necesario. Se consideran acciones de cuidado del espacio urbano y de la seguridad, que no alteran la titularidad registral ni implican desalojo o expropiación. Es decir, se trata de intervenciones de resguardo, no patrimoniales.
El protocolo subraya que toda medida debe ser provisional, proporcional y estrictamente preventiva. Se aplicará mientras exista el riesgo y deberá levantarse -de oficio o a pedido- cuando la causa cese, por ejemplo si el propietario regulariza la situación del inmueble.
La resolución remarca además la necesidad de coordinar con los municipios. Por eso invita formalmente a los intendentes a suscribir convenios de cooperación, de modo de articular quién verifica, quién ejecuta y cómo se sostienen las acciones en el territorio.
A modo de ejemplo: en Guaymallén, la comuna ya ha tomado medidas en edificios como el de Manuel A. Sáez, entre Servet y Venezuela (Pedro Molina), después de que una turba de vecinos cansados de la inseguridad prendieran fuego la construcción cansados de que el sitio funcionara como aguantadero. El monoblock, por otra parte, estaba en peligro de derrumbe.
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La entrada al predio donde vivía el doble homicida Nicolás Gil Pereg, un inmueble inmenso que ha tenido varios intentos de usurpación. Se encuentra justo frente al Cementerio de Guaymallén.
Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihiul
Quiénes realizarán las medidas en las casas abandonadas
La Policía de Mendoza queda señalada como actor clave de la primera respuesta. Según la fundamentación legal, la fuerza tiene el deber de actuar con celeridad sobre el “objeto generador de inseguridad” cuando hay peligro para la comunidad.
En la práctica, la aplicación cotidiana del protocolo nacerá de tres canales: una denuncia vecinal, una verificación policial durante el patrullaje o un reporte municipal por inspecciones urbanas. A partir de esa detección, se evalúa el riesgo y se define la acción más adecuada.
El andamiaje jurídico que respalda el esquema combina normas provinciales y federales. La resolución cita la Constitución de Mendoza -en particular los artículos que mandan proteger la vida, la seguridad y la propiedad y obligan al Poder Ejecutivo a mantener la paz y el orden-, la Ley de Ministerios (que faculta a Seguridad y Justicia a planificar la política de seguridad y la prevención situacional del delito), las leyes orgánicas del sistema y de la Policía y el artículo 181 del Código Penal, que tipifica la usurpación.
El mensaje es que el Estado cuenta con base normativa suficiente para intervenir en defensa de la comunidad, sin invadir el ámbito de la propiedad privada.
Demolicion de un aguantadero de Guaymallén
Demolición de un "aguantadero" que causaba estragos en un barrio.
Foto: Municipalidad de Guaymallén
Qué cambia para los vecinos
Para los vecinos, el cambio más relevante es la posibilidad de obtener una respuesta más rápida y coordinada frente a inmuebles que llevan meses o años generando conflictos.
No se abre un atajo para desalojos ni se crea una nueva vía para disputar la posesión; se aporta una herramienta concreta para neutralizar riesgos: tapiar una puerta que se usa para entrar a delinquir, cerrar un acceso peligroso o retirar materiales que facilitan la ocupación. Si el peligro desaparece, la medida se levanta.
El Gobierno espera que los municipios se sumen con convenios que ordenen la tarea en cada departamento, desde el registro de inmuebles problemáticos hasta la logística para las intervenciones. En esa coordinación también se anticipa el rol de Gendarmería o de otras áreas nacionales cuando corresponda, y la articulación con el Ministerio Público Fiscal si un caso deriva en delito.
La Resolución 5425/2025 fue firmada por la ministra María Mercedes Rus y publicada el 27 de enero de 2026. Con esta decisión, Seguridad y Justicia busca cerrar un vacío operativo que, en los hechos, trababa la respuesta ante casas que deterioran el barrio y multiplican oportunidades para el delito. El desafío inmediato será convertir el protocolo en práctica: identificar con criterio, intervenir con prudencia y sostener el trabajo conjunto con intendencias y uniones vecinales.
