A la hora de comprar medicamentos somos los “hijos de la pavota”. Ya sea de modo individual, particular o por obras sociales, o si el cliente es el Estado. No importa cuándo leas esto, los remedios en la Argentina son de precios astronómicos, con lo que la salud ha dejado de ser un derecho.
Las farmacias son el último eslabón de la cadena en el mercado de los remedios.
Hoy, tener salud depende del bolsillo de cada quién, de su acceso a una obra social más o menos decente, o de si tiene un buen abogado para conseguir un Medicamento de Alto Costo, de esos que cuestan varios (muchos) millones de pesos, en el caso de patologías poco frecuentes.
El problema del precio de los medicamentos no sólo afecta a las familias. En el caso de un Estado, la ecuación es mucho más compleja.
La importación de remedios
Desde hace un tiempo Mendoza avanza en la importación de medicamentos de la India y otros países. Y ha conseguido ahorros sensibles en remedios que se utilizan en hospitales públicos y centros de salud. Estas compras son licitadas por el Ministerio de Salud y el que paga es Hacienda. Otra parte de la medicación y de los insumos los compran los propios hospitales. Ahora… ¿Estas compras, son a precio justo?
Hay ejemplos que grafican a la perfección el precio exageradamente alto que se paga en la Argentina -y en Mendoza- por la medicación. Sobre todo, si el cliente es un gobierno, el que fuere. En una industria, además, sospechada de financiar a la política. El caso de la droguería Suizo Argentina, el "audiogate" del ex director de la ANDIS Diego Spagnuolo y la probable corrupción agregan tensión a este mercado. Ayer (este sábado), medios porteños informaron que uno de los grandes laboratorios extranjeros dejaría de venderle a la droguería del escándalo. Sus normas internas de ética se lo impiden.
El año pasado, el Ministerio de Salud de Mendoza decidió la compra de 12.500 cajas de un implante anticonceptivo de Bayer, llamado Jadelle. Claro, si es de Bayer, debe ser bueno. El precio al que se conseguía en la Argentina, para un cliente como el Gobierno de Mendoza, era en enero de este año de 95 dólares por caja de este implante de dos varillas. Consiste en un par de vástagos blancos y flexibles de 43 mm de largo, que van bajo la piel y van liberando hormonas para evitar el embarazo. Se colocan con anestesia local y el efecto podría llegar a los cinco años.
El ministro de Salud Rodolfo Monterosabía que en una filial del mismo laboratorio, pero en un país de Europa, el mismo implante, del mismo fabricante, marca comercial y presentación podía adquirirse a 8,5 dólares por unidad. En el mostrador de las farmacias convencionales locales con receta "formal" para cualquier consumidor final cuesta $402.334,80; de acuerdo a la plataforma de consulta profesional Kairos, la más completa de la Argentina. Es decir, 295 dólares.
En serio, los argentinos somos los "hijos de la pavota". Así es que el Gobierno ordenó la compra en el exterior por importación directa a través de la Organización Panamericana de la Salud y se ahorró una parva de dinero. El costo total de esa importación fue de unos 133 millones de pesos. A precio “argentino” autorizado por la ANMAT, habría trepado a $1.137 millones. Más de mil millones de pesos de ahorro en un solo medicamento.
Jugar al anticipo
El truco en la compra de este medicamento consistió en importarlo antes de su tramitación en la ANMAT, tras lo que habría ingresado en el circuito de las grandes cámaras de la industria, las que verdaderamente regulan el precio de todos los remedios que consumimos. Qué bueno saberlo cuando los casos del fentanilo contaminado -y el de las presuntas coimas en la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad- tienen a la industria al rojo vivo.
Ahora… ¿Por qué hay medicamentos que, incluso como en el caso de este implante de Bayer, cuestan aquí diez veces más que por ejemplo en Finlandia, donde lo compró Mendoza? En ese país nórdico, el anticonceptivo subdérmico cuesta lo mismo que en 2013. Países normales.
Lo que ocurre es que aquí “los laboratorios se han cartelizado y pescan en la pecera” dice una fuente que trata con ellos a diario, a las piñas.
Los que mandan en el mercado
La “industria”, los que fabrican los medicamentos, están agrupados en tres grandes cámaras. La más fuerte, la que manejaría el negocio, es la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos de Argentina (CILFA). Allí están los principales laboratorios argentinos. El presidente es Jorge Belluzzo, de Raffo; pero quienes conocen el negocio dicen que el más influyente es Eduardo Machiavello (Roemmers).
La contraparte de los laboratorios argentinos es CAEME, donde están los extranjeros Bayer, AstraZeneca, Pfizer, Roche, Merck, Biogen, entre muchos otros. Cabría sumar COOPERALA, de laboratorios más chicos. Pero en estos tres grupos están los grandes formadores de precios. Son los malos de la película.
No fue posible comunicarse con los representantes de CILFA. Sí informaron, días atrás, que los sistemas públicos y privados del país ahorrarían más de cinco mil millones de dólares en el próximo lustro por la mayor producción de medicamentos nacionales. Es verosímil: la aparición de la semaglutida argentina (la droga de adelgazar) que se prescribe para la diabetes tipo 2 hizo bajar el precio a las internacionales Ozempic y otras 40 %.
Pero entretanto, aquí los precios son mucho más altos que en el exterior. Diez veces o más, de acuerdo a las compras directas que logra hacer el Gobierno de Mendoza.
Los laboratorios que manejan “la industria” no son los únicos de la cadena. Les siguen las droguerías que se encargan de la logística y distribución (como la Suizo Argentina, ahora que está en boca de todo el mundo por el escándalo de la ANDIS) y al final están las farmacias. Son las que tienen los menores márgenes de comercialización, en promedio del 10% o 12 %.
El dilema de alto costo
Hay una enfermedad muy poco frecuente que se llama hipertensión pulmonar -muy grave y habitualmente mortal- que puede arruinar el corazón. Se presenta de un caso a dos por cada millón de habitantes.
El medicamento más difundido para su tratamiento es el Remodulin, del laboratorio Bagó, cuya presentación más cara cuesta la friolera de trescientos cincuenta millones de pesos. Su principio activo es el Treprostinil. Y un paciente se había presentado en la salud pública, diagnosticado, y recetado.
Como las recetas genéricas absolutas en la Argentina no existen, al paciente le recetaron Remodulin ¿Qué otra opción tiene un médico, si la “industria” indica ese medicamento? Que se las arreglen los funcionarios. Luego… ¿Debe el gobierno comprarlo?
Desde las reformas en salud el año pasado, aquellas de las 26 leyes, existe en la provincia un organismo técnico que permite a cualquier otro ente -público o privado- sacarse dudas respecto de qué comprar y qué cubrir o qué no. Se llama Agencia de Evaluación de la Tecnologías Sanitarias de Mendoza, creada por la ley 9.547, de 2024. Su presidenta es la farmacéutica Jorgelina Álvarez. En su equipo hay médicos, farmacéuticos, contadores, y un licenciado en Economía. Son los que dan una especie de trazabilidad para no meter la pata, y ayudar al sistema público de Salud a que se tomen decisiones correctas.
La tarea de la AETS es “analizar y evaluar con criterios de eficacia, seguridad, efectividad y costo-efectividad, equidad e impacto presupuestario, las tecnologías sanitarias que se utilicen en el Sistema de Salud Provincial”, y emiten dictámenes y dan asistencia técnica a gobiernos, legisladores y jueces. En su página se puede ver la información completa y consultar los dictámenes.
Fue un dictamen de la AETS la que dio al Gobierno la recomendación de no comprar el Remodulin, y adquirir el medicamento del mismo principio y acción que sea más económico en el mercado. En el Gobierno dijeron que había tres opciones. Pero el paciente apeló, y el ministro Rodolfo Montero debió asistir la semana pasada a una audiencia a explicar el caso.
Dictamen con revuelo
La AETS que funciona en Mendoza es única en el país. Uno de los dictámenes que hizo generó debate en el mundillo científico mendocino. Fue porque un médico había prescrito la aplicación de una droga llamada Vosorotida, para el tratamiento de acondroplasia, comúnmente conocida como enanismo. Hay un sólo medicamento en el mercado internacional para el tratamiento, se llama Voxzogo y lo produce BioMarin Pharmaceutical Inc.
Este medicamento sólo se puede aplicar a los pacientes desde que son bebés de cuatro meses, hasta los 18 años, todas las semanas. Cuando el cartílago de crecimiento está aún abierto. Se trata de aplicaciones semanales. El costo comercial semestral es de U$S182.000 por semestre y por paciente. Casi 1.000 dólares diarios.
La pregunta “costo/beneficio” que se hace un Estado es cuánto van a crecer los huesos de un paciente de acondroplasia o cuánto le va a cambiar la calidad de vida por la aplicación de esta droga. Y si esto es equitativo dentro del sistema público de salud. Allí es cuando interviene la AETS mendocina, que es única en el país y hace dictámenes privados en expedientes particulares, pero también públicos.
El costo millonario
En el caso que les consultaron por once personas de talla baja, el 6 de junio de este año la AETS dio un dictamen negativo. “Vosoritida podría presentar beneficios menores en la salud, con baja certeza en la evidencia. Los efectos sobre el gasto público resultan con un alto impacto presupuestario, con efectos sobre la equidad y salud pública probablemente negativos”, dijeron. Con escasa evidencia comprobable luego de analizar 81 documentos, concluyeron que la mejora en la estatura de las personas que hacen el tratamiento es escasa. Sólo 4 mm en varones al año, y un poco más en mujeres.
El tratamiento para todos los pacientes prescritos habría costado unos $3.700 millones a los mendocinos según el informe de la AETS. Más que el ahorro conseguido con la primera importación del año. Eso equivale al 60% de lo que gasta en medicamentos el Hospital Notti en un año.
Las opciones
¿Cómo se hace para que bajen los precios de los medicamentos? Regular, o competir. Lo primero en la Argentina no ocurre y por eso la población es rehén de un sistema cartelizado. Hacerlo desde una provincia no es posible. Por eso el gobierno provincial optó por competir, y lo hace a través de la importación de medicamentos. Por eso las discusiones con CILFA y los laboratorios locales son de alto voltaje.
Es lo que se puede hacer para que bajen los precios. Por lo menos, aquellos que paga el Estado para darles salud pública a los mendocinos.