El Tribunal de Cuentas investiga a un grupo de funcionarios y empleados de la Dirección Provincial de Vialidad de Mendoza (DPV) por utilización de fondos públicos para irse de vacaciones al mar, para comer en los shoppings de Mendoza, cargar combustible en sus autos, comprar alimentos para sus mascotas y hasta para comprar 21 cajas de chocolate para el Día de los Enamorados.

El dinero, según la investigación,  salía de la “caja chica” de Vialidad, que durante 2019 era de $850.000 y que quedaba “corta” para cubrir esos gastos.


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La maniobra comenzó a ser descubierta por una inspección de rutina del Tribunal de Cuentas y luego fue confirmada por un sumario administrativo realizado por la propia DPV.

Si bien los hechos descubiertos son graves, la investigación aún está en curso y mereció un informe de más de 200 fojas del Tribunal de Cuentas.

Diario UNO pudo acceder a la primera resolución que dictó Vialidad Provincial sobre este caso y que está fechada el 6 de diciembre pasado.

Allí se apunta como principales responsables a la gerente de Recursos Humanos, Carina Mercedes Gallardo Gerente, a la tesorera de la entidad, Juana Miriam Nancy Herrera, al jefe de Mesa de Revisión, Jaime Obrador, que falleció por un infarto a poco de iniciarse la investigación, y a “otras personas que integran la Gerencia de Economía y Finanzas”.

En el documento oficial de Vialidad se indica que los cesanteados y los funcionarios que fueron separados de sus cargos utilizaron fondos públicos de la entidad “con fines ajenos a la repartición, en forma irregular” con los que “se han adquirido bienes que no han ingresado a la repartición o que se les ha dado un uso particular” y “solventando gastos que nada tienen que ver con la DPV” y también que “se han advertido facturas adulteradas, tanto en su monto como en los datos fiscales y la falsificación de firmas del administrador ”.

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La resolución detalla que todo comenzó a descubrirse “a raíz de una inspección del Tribunal de Cuentas”, en donde se detectó “la existencia de un sinnúmero de facturas adulteradas, con firma del administrador Oscar Horacio Sandes, también fraguadas en la documentación, que habilitaba el pago de las mismas” y se indicó que “ese manejo se hizo entre 2018 y 2019”.

Desde la Gerencia de RRHH se emitían, según la investigación, formularios de pedido de gastos (P 18), acompañados con facturas cuyos montos estaban adulterados o cuyos datos fiscales no estaban vigentes, se falsificaba la firma del administrador y se liberaban los montos en efectivo y no en cheques, como corresponde. Luego la jefatura de Contaduría daba el visto bueno para ir al banco y efectuar la extracción de dinero.

Entre otras tantas maniobras se detectó que a las facturas se le agregaban ceros o se colocaban números adelante (Ejemplo: $544 pasaba a ser $6.544), explica el informe.

También se detectaron gastos de comidas en días no hábiles y sin justificación alguna, carga de combustible en vehículos particulares e, incluso, los tickets de carga de combustible se repetían por pocos minutos de diferencia “lo que permite suponer que se recogían tickets que estaban tirados en el piso”, para presentarlos como gastos, se especifica en la resolución.

También se detectaron pago de facturas por reparaciones de material informático que eran mucho más costosas que comprar el material nuevo.

Además alguno de los involucrados incluso reconoció que se llegó a utilizar el dinero para hacerles “préstamos” a algunos de los demás involucrados.

La resolución pone como ejemplo que a uno de ellos “se le “prestó” $40.000, que devolvió en cómodas cuotas de febrero a octubre de 2019” (SIC).

En la resolución el Consejo Directivo de la DPV dice que fue “engañado en su buena fe” por la Gerencia de RRHH, que había impuesto un nuevo mecanismo de control para evitar que esas facturas pasaran por el Consejo.

Incluso en la resolución se sostiene que, ante escribano, la gerente de RRHH Carina Gallardo “reconoció expresamente haber falsificado la firma del administrador”.

Con ese dinero los involucrados pagaron almuerzos y desayunos en los shoppings de Mendoza durante los fines de semana, cargas de combustible en múltiples estaciones de servicio de Mendoza durante los fines de semana, cargas de combustible en San Luis, La Pampa, Pinamar, Mar del Plata, Mar de Ajó y otras estaciones intermedias. Hasta fueron pagadas 21 cajas de chocolates el 14 de febrero de 2019, el Día de los Enamorados, se señala en el informe.

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Lo que dice Vialidad

Oscar Horacio Sandes, nombrado administrador de Vialidad Provincial por el ex gobernador Alfredo Cornejo y ratificado en el cargo por Rodolfo Suarez, indicó sobre el tema que la “caja chica” de la DPV “no son fondos del presupuesto de Vialidad, es una caja chica que, en su momento era alrededor de $200.000 (pasó a ser de $850.000 en febrero de 2019), una suma chica y prácticamente no me preocupé por eso porque no era mi función y había gente que se dedicaba a controlar eso”.

Sandes también explicó que cuando asumió “había un derroche muy grande, un robo muy grande en todo el territorio” especialmente en combustible, e indicó que “pusimos GPS a casi todas las unidades y hemos ahorrado con eso 600.000 litros de combustible, que antes se robaban”.

Además indicó que, por la supuesta falsificación de su firma en los pagos por caja chica, “puse una denuncia penal” en la Fiscalía de Instrucción Nº 15, de Delitos Económicos e Informáticos.

Al ser consultado por este medio, Sandes hizo un repaso de sus poco más de 4 años de gestión e indicó que “cuando asumimos en Vialidad, no había ningún tipo de control”. Al respecto ejemplificó que “encontramos muchos casos extremos, en donde la gente marcaba su ingreso el lunes a las 7 de la mañana y su salida el viernes a las 6 de la tarde, supuestamente porque había estado en comisión”.

Sostuvo que en las 22 seccionales de la DPV encontró irregularidades. “Había gente que no iba a trabajar durante 15 días, sin justificar. Era vox populi que se robaba combustible, que no había conducción, que hacía 6 meses que no se hacían obras y que las empresas contratadas no cobraban desde hacía 8 meses”.

También afirmó que “encontré seccionales donde se alquilaban las máquinas” e informó que “hay cuatro causas en Malargüe por el gasto de $4 millones por haber hecho con maquinaria, personal y fondos de DPV un camino en un campo privado” y acotó que “yo he cesanteado a más de 100 personas por estas irregularidades y en el 99 % de los casos ha sido justo”.

También sostuvo que su gestión ha estado marcada por una guerra sin cuartel con el Sindicato de Trabajadores Viales (SITRAVI) y que, incluso, ha recibido amenazas.

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