El cineasta Pablo Trapero se valió de Ricardo Darín para personificar cómo actúan los siniestros "caranchos", esos abogados que merodean los hospitales públicos las 24 horas, persiguen ambulancias y ofrecen sus servicios a quienes llegan accidentados, aún cuando éstos continúan aturdidos por el golpe que acaban de recibir. 

En Mendoza, el Código de Contravenciones prohibió y multó la entrega de tarjetas a los accidentados y eso colaboró para que el Ministerio de Salud pudiese cobrar por los servicios hospitalarios, que antes le arrebataban los "caranchos". El dato financiero es contundente: de $9 millones que se cobró en los 4 meses del 2018 se pasó a $45 millones en este cuatrimestre del 2019.

El trabajo previo en el sistema de salud fue clave para llegar a percibir ese dinero que ingresa directamente en las arcas de cada hospital público. Si bien lo primero y urgente es brindar asistencia al herido, una vez que  ingresó al hospital, se avanzó en detectar qué cobertura tenía o quién sería el tercero responsable a quien se le facturarían y cobrarían los servicios que le presta el Estado, y se digitalizó esa información.

Acto seguido el departamento de asesoría jurídica de cada hospital generó el derecho a cobro y eso actualmente se informa a la empresa tercerizada, que con la representación jurídica del Estado, hoy se dedica al cobro del servicio.

"Antes cuando llegaba un paciente accidentado a un hospital aparecían los abogados que lo captaban y hacían de nexo para acordar con las aseguradoras de quien había provocado el accidente. Eso obviamente perjudicaba al sistema porque a la aseguradora le convenían esos acuerdos y nunca pagaba por los servicios de salud estatales. Esto cambió y se ve por ejemplo, en el accidente entre el micro y el camión que chocaron en el 2014 en San Martín. Allí fallecieron 17 personas y hubo decenas de heridos que se asistieron, pero el hospital Perrupato no percibió nada. En cambio, tras el accidente de Tur Bus, en donde murieron 19 personas y se asistió a 22 heridos, la empresa debió pagar $700.000 al sistema mendocino", precisó la ministra de Salud, Elisabeth Crescitelli.

 Embed      

Claramente el fin primero del sistema de salud no es el cobro de los servicios sino la asistencia, pero el hecho de efectivizarla asegura que esos hospitales puedan disponer de ese dinero para destinarlo a sus propias necesidades.

Sólo por reflejar en números el incremento de este cobro valga repasar la recaudación en accidentología en los últimos años. En el 2017 se recaudaron $21 millones por los accidentes que se atendieron en los hospitales Central, Carrillo, Lagomaggiore, Notti, Perrupato y Schestakow. 

Al año siguiente, en el 2018 esa recaudación subió a $28 millones, es decir poco más de $9 millones por cuatrimestre, mientras que en el primer cuatrimestre de este año se cobraron por accidentología $45 millones, cinco veces más que en el mismo período del 2018.

 Embed      

Para dimensionar la cantidad de accidentados -de todas las clases sociales e ingresos- que se atienden en el sistema público sirve contar que en el 2018 fueron 1.100 los heridos que ingresaron a esos 6 efectores, y que sólo el Hospital Central asistió a 588 de ellos, por los cuales facturó a las aseguradoras $6.500.000.

"Hasta que logramos sistematizar esto, este era un servicio invisibilizado y no puede ser así, porque para que se pueda trasladar a un herido y darle la mejor asistencia todos pagamos nuestros impuestos y al Estado eso le cuesta muy caro. Además sería injusto porque las aseguradoras cobran por esa cobertura", resaltó Crescitelli. "Hasta que logramos sistematizar esto, este era un servicio invisibilizado y no puede ser así, porque para que se pueda trasladar a un herido y darle la mejor asistencia todos pagamos nuestros impuestos y al Estado eso le cuesta muy caro. Además sería injusto porque las aseguradoras cobran por esa cobertura", resaltó Crescitelli.

Ministro de Salud, Elisabeth Crescitelli

Por si algún empleado de Salud pudiera haber olvidado que el Código de Contravenciones prohíbe a los "caranchos", en los mismos hospitales y por exigencia del Ministerio de Salud, se deben exhibir carteles con el artículo 105 del Código que sanciona con multas de hasta 4.000 UF, esto es unos $48.000, y el arresto de hasta 40 días a quien entregue estas tarjetas a los accidentados o sus familiares. Si el que hace de mediador con esas corporaciones fuese un empleado estatal, las sanciones se duplican.

El dilema de cobrar a las obras sociales

Históricamente la provincia cargó con un pesado elefante blanco que eran los incobrables montos que adeudaban las obras sociales por los servicios que el Estado le prestaba a sus afiliados. 

El mismo gobernador Alfredo Cornejo lo sinceró en su discurso del 1º de Mayo en la Legislatura, cuando asumió que se había mejorado el cobro de los servicios de salud a ese 56% de los mendocinos que hoy tiene obra social y que igualmente elige atenderse en los hospitales públicos.

De acuerdo a los datos de la cartera sanitaria en el 2016 el sistema de salud  facturó $337 millones, en el 2017 fueron $351 millones y el año pasado trepó a $496 millones. Sin embargo, de esos $1.184 millones, por las demoras y dilaciones de las obras sociales el Ministerio de Salud sólo cobró $888 millones.

"Hay una gran brecha entre lo que se factura y lo que finalmente se cobra y eso es lo que pretendemos acortar, pero también buscamos efectivizar la facturación que es lo que genera el derecho a cobro y que estaba amesetado. Ahora estamos avanzando en hacer convenios directos con las obras sociales sindicales, para que toda prestación de salud que haga un hospital genere una facturación y la obra social se comprometa a pagarla por transferencia bancaria en un plazo no mayor a los 90 días. Sino cumple irá a la vía judicial en donde el cobro no podrá exceder otros 90 días y la obra social deberá pagar gastos judiciales y honorarios de profesionales", adelantó Crescitelli.

 Embed      

Temas relacionados: