La construcción del que sería el mayor incinerador de basura de Estados Unidos ha desatado un intenso debate en la ciudad de Florida. El proyecto, valorado en $1.5 mil millones, enfrenta una fuerte oposición de residentes y grupos de derechos civiles que ven en la selección de los sitios propuestos mucha discriminación ambiental.
Una decisión controvertida
En septiembre, cuando los líderes del condado Miami-Dade se reunieron para elegir el sitio del proyecto, la asistencia de manifestantes fue tan numerosa que desbordó el centro gubernamental. Los residentes de Florida, muchos vistiendo camisetas verdes con mensajes de protesta, expresaron su preocupación no solo por la potencial caída en el valor de sus propiedades, sino también por los riesgos ambientales y de salud que la instalación podría representar.
El aspecto más controversial del proceso ha sido la ubicación de los cuatro sitios considerados, todos cerca de algunas de las comunidades más diversas de la región. Esta situación se vuelve especialmente sensible considerando que el estado argumenta en tribunales federales que la raza no debería ser un factor en la autorización de industrias contaminantes.
Entre necesidad y justicia
Florida enfrenta un dilema real en la gestión de residuos. El condado produce casi el doble del promedio nacional de basura per cápita, en parte debido a su importante industria turística. La situación se agravó cuando el antiguo incinerador del condado se incendió en febrero de 2023, forzando a las autoridades a enviar los desechos a un vertedero local o transportarlos a instalaciones en el centro de Florida, una solución considerada insostenible.
Los datos nacionales revelan un patrón preocupante: aunque más del 60% de los incineradores están en comunidades mayoritariamente blancas, aquellos ubicados en comunidades de color tienen más población cercana, queman más basura y emiten más contaminantes. En Florida, seis de los nueve incineradores existentes están en áreas donde los porcentajes de personas de color superan el promedio estatal del 46%.
La alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, reconoce que "no existe un lugar perfecto" para la instalación, mientras que los líderes del condado han pospuesto la decisión final hasta febrero de 2024. El caso de Miami-Dade ilustra un desafío mayor en la lucha por la justicia ambiental en Estados Unidos, donde las comunidades minoritarias y de bajos recursos frecuentemente cargan con el peso de la contaminación industrial.






