En Argentina, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no es un simple papel o documento; es la "llave de acceso" a un catálogo de derechos fundamentales para todas las personas con discapacidad.
Aunque la discapacidad es una realidad intrínseca a la persona, para el Estado y las prestadoras de salud, esta no "existe" legalmente si no está debidamente certificada. Esta barrera administrativa genera un abismo de desprotección que afecta la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables.
¿Qué desventajas sufre una persona con discapacidad que no tiene CUD?
La desventaja más crítica radica en la cobertura médica. La Ley 24.901 establece que las obras sociales y prepagas deben cubrir el 100% de los tratamientos, medicación, prótesis y traslados. Sin el CUD, el paciente queda a merced de los planes estándar, que suelen tener topes de cobertura o exigen copagos elevados. Esto significa que una familia puede verse obligada a gastar cientos de mil de pesos mensuales en terapias que, por ley, deberían ser gratuitas. Sin el documento, el acceso a la rehabilitación se convierte en un privilegio de clase y no en un derecho.
En el plano económico, la falta del certificado anula la posibilidad de gestionar la Pensión No Contributiva, un ingreso vital para quienes no pueden acceder al mercado laboral formal. Asimismo, se pierden beneficios de asignaciones familiares reforzadas y exenciones impositivas (como el ABL o patentes).
En cuanto a la movilidad, la persona queda excluida de la gratuidad en el transporte público de corta, media y larga distancia. Para alguien que debe asistir a consultas médicas frecuentes, el costo de los pasajes representa una carga financiera que, en muchos casos, termina provocando el abandono de los tratamientos.
Finalmente, también existe una desventaja simbólica pero devastadora: la invisibilidad laboral. Sin el CUD, las personas no pueden acceder al cupo del 4% de empleo en el sector público ni a los programas de inserción laboral protegida.
En conclusión, no tener el CUD en Argentina significa enfrentar un sistema hostil sin escudo protector. La burocracia para obtenerlo suele ser el primer obstáculo, pero la desidia de quedar fuera del sistema es, para muchos, el comienzo de una espiral de pobreza y deterioro de la salud que el Estado tiene la obligación de evitar.





