En un giro inesperado, la Justicia falló a favor de una jubilada que había sufrido una estafa millonaria. La Cámara Comercial de la Ciudad de Buenos Aires determinó que, luego de que le vaciaran la cuenta en 22 minutos, el banco es el gran responsable por no detectar el ciberdelito. Ahora deberá devolver el dinero robado y, además, indemnizarla.
Jubilada sufre una estafa y ahora el banco deberá responder y devolverle el dinero
El caso se remonta a una denuncia donde la damnificada relató la sustracción de $2.430.000. Lo alarmante no fue solo la cifra, sino la mecánica: los fondos se evaporaron a través de seis transferencias consecutivas hacia destinatarios desconocidos. Todo esto se realizó en apenas 22 minutos.
Para los magistrados Eduardo Machin, Matilde Ballerini y Alejandra Tevez, el patrón de estas operaciones era una bandera roja evidente que el sistema de monitoreo del banco simplemente ignoró.
En concreto, los jueces destacaron, en primera instancia, que un sistema eficiente debería haber detectado que seis movimientos de gran magnitud en menos de media hora no formaban parte del comportamiento habitual de la clienta. Además, no se encontró evidencia de que la institución bancaria hubiera intentado verificar la identidad de quien operaba o que hubiera activado algún protocolo de bloqueo preventivo.
Por su parte, el banco intentó defenderse exigiendo que la jubilada probara que ella no había entregado sus claves. Los jueces desestimaron este argumento con lógica: pedirle a una víctima que demuestre algo que no hizo es exigir una prueba de imposible producción.
Un factor determinante en la decisión fue la condición de la víctima. Al ser una jubilada, la justicia la encuadró dentro de un grupo de especial vulnerabilidad. Esto obliga a las empresas a extremar los cuidados, entendiendo que el acceso a la tecnología puede presentar barreras y riesgos adicionales para los adultos mayores.
Como consecuencia de estas negligencias, la Cámara confirmó que el banco no solo debe devolver hasta el último peso de los $2.430.000 robados, sino que también deberá pagar una indemnización de $2.500.000 en concepto de daño moral.






