Imagínate llegar a un destino turístico de ensueño, abrir tu valija y ser interceptado por las autoridades locales por el simple hecho de llevar un paquete de chicles. Aunque suene a distopía o a una exageración de internet, hay un país de Asia que hace de esta escena una estricta realidad.
Singapur se ha ganado una reputación mundial no solo por su impresionante desarrollo económico, sino por albergar una de las legislaciones más peculiares y severas del planeta: la prohibición absoluta de los chicles.
Singapur, el país que declaró a los chicles como "enemigo público"
Para entender cómo los chicles terminaron convirtiéndose en el "enemigo público" número uno del país, hay que retroceder a la década de los 80 y 90.
Singapur estrenaba un sistema de transporte masivo subterráneo (MRT) que costó miles de millones de dólares y del cual la nación se sentía profundamente orgullosa. Sin embargo, el vandalismo urbano encontró un blanco perfecto en los sensores de las puertas automáticas de los trenes.
Los ciudadanos comenzaron a pegar sus chicles masticados en estos dispositivos ópticos, provocando que los trenes se detuvieran de golpe, causando retrasos masivos y costosas reparaciones.
Harto de la falta de civismo y del gasto público que generaba limpiar las calles, los ascensores y los transportes, el entonces primer ministro Lee Kuan Yew tomó una decisión radical en 1992: prohibir por ley la importación, fabricación y venta de cualquier tipo de chicles.
Una norma con multas históricas
A partir de ese momento, desafiar la norma conllevó multas verdaderamente históricas. Si un peatón es sorprendido arrojando un chicle a la vía pública, las sanciones económicas pueden alcanzar fácilmente los 1,000 dólares de Singapur (unos 740 USD) en la primera infracción, acompañadas a veces de trabajos comunitarios con chalecos de alta visibilidad.
Pero el verdadero peso de la ley recae sobre el tráfico de este producto: la importación ilegal de chicles para su comercialización puede castigarse con multas astronómicas de hasta 100,000 dólares y penas de prisión de hasta dos años.
Hoy en día, la única y estricta excepción a la norma entró en vigor tras un tratado comercial en 2004, permitiendo el consumo de chicles exclusivamente terapéuticos o de nicotina. Eso sí, para adquirirlas, los ciudadanos deben acudir a una farmacia y registrar obligatoriamente su documento de identidad.






