El IPV intimó este miércoles a 19 familias adjudicatarias de viviendas sociales por deudas acumuladas e irregularidades vinculadas a la ocupación de los inmuebles. Los montos reclamados van desde cifras menores, como $245.681, hasta casos que superan los $35.000.000.
El IPV intimó a 19 familias por deudas millonarias.
Con esta medida, el organismo puso en marcha formalmente procesos administrativos para recuperar las viviendas, al considerar que los beneficiarios incumplieron las condiciones establecidas en los contratos de adjudicación.
De todos modos, los propietarios aún tienen una instancia para evitar la pérdida de la casa porque el IPV los emplazó a presentar explicaciones sobre la falta de pago, aportar pruebas que respalden la situación planteada y cancelar la deuda en un plazo máximo de 10 días hábiles.
Desde el IPV advirtieron que, si no regularizan la situación o no presentan una defensa considerada válida, el siguiente paso será avanzar con la desadjudicación definitiva de las viviendas.
De hecho, en el mismo boletín oficial donde se publicaron las intimaciones ya aparece un caso resuelto en el barrio 26 de Enero, de Las Heras, donde el organismo dispuso la desadjudicación definitiva de una vivienda entregada a una pareja. El documento no precisó cuál fue la irregularidad detectada, aunque citó el artículo que establece las sanciones por abandono del inmueble, alquiler a terceros, uso comercial o venta no autorizada.
En qué barrios están las familias intimadas y cuánto deben
Las personas intimadas viven en los barrios Escorihuela, de Capital, Cooperativa Zahir, de Luján, Balcón de Vistalba II, Luján, y Los Manantiales de Lavalle.
El caso más crítico aparece en el barrio Cooperativa Zahir, donde se concentran las deudas más elevadas. Allí, la mayoría de los adjudicatarios acumula entre 75 y 88 cuotas impagas, con montos individuales que superan los $30.000.000.
En Los Manantiales, de Lavalle, figura un solo expediente, aunque con una deuda de $27.144.574 y 86 meses de mora acumulada.
En el barrio Escorihuela, de Capital, los incumplimientos muestran distintos niveles: algunos vecinos adeudan cerca de $4.000.000 correspondientes a 42 cuotas, mientras que otros arrastran pasivos de hasta $8.700.000 vinculados a 75 cuotas impagas.
Por último, en Balcón de Vistalba II, en Luján, se registró una única intimación por una deuda de $245.681. Según el emplazamiento oficial, ese monto equivale a 28 cuotas sin pagar.
El Gobierno busca por ley agilizar las desadjudicaciones
Para enfrentar los altos niveles de mora y los casos de uso irregular de viviendas sociales, el Gobierno provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley que busca acelerar los procesos de desadjudicación y recuperación de inmuebles para reasignarlos a familias que sí cumplan con las condiciones del programa.
Es que, en lo que va de 2026 el IPV ya concretó 28 desadjudicaciones: 16 por falta de pago, 4 por ocupación irregular y otras 8 por una combinación de ambas situaciones.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es eliminar la necesidad de homologación judicial previa, otorgándole plena validez a los actos administrativos del IPV siempre que se respete el debido proceso.
Además, los desalojos pasarían a tramitarse en la Justicia de Paz, mediante una vía específica incorporada al artículo 232 del Código Procesal Civil.
De esta manera, una vez firme la desadjudicación por incumplimiento, el organismo podrá iniciar de forma inmediata el juicio de desalojo para recuperar y reasignar la vivienda.
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