Marcelo D'Agostino, subsecretario de Justicia, defendió la prisión perpetua y dijo que es constitucional
Marcelo D’Agostino, subsecretario de Justicia de Mendoza, alertó este martes que, si se declara como inconstitucional la condena a prisión perpetua, muchos delincuentes peligrosos condenados con esa figura podrían reclamar su libertad o el acortamiento de sus penas y ganar las calles. Detalló que podrían ser más de 200.
En declaraciones a Radio Nihuil, D’Agostino se refirió a la audiencia pública de este 22 de octubre en la que se debatirá la constitucionalidad de la prisión perpetua, a raíz de una polémica decisión tomada el año pasado por el juez Eduardo Martearena.
En esa ocasión Martearena rechazó, por considerarla inconstitucional, la pena máxima que le habría correspondido a tres hombres a quienes un jurado popular mendocino condenó por un crimen narco, en un caso conocido como “valija fúnebre”.
En ese sentido, el subsecretario D’Agostino consideró que es muy importante que el ciudadano común participe de la audiencia pública sobre la constitucionalidad de la prisión perpetua, cuya inscripción para participar está abierta hasta el 15 de octubre.
“La participación del ciudadano aporta el sentido común que muchas veces los mismos operadores del sistema de la justicia no tienen. Me parece importante la participación del ciudadano en esta audiencia y ya están las inscripciones en la página del Poder Judicial hasta el 15 y la audiencia es el 22 de octubre”, expresó el subsecretario de Justicia.
Destacó que “hay que escuchar al ciudadano y porque el derecho tiene que tener en vista a la víctima y no solamente al victimario, que me parece que es una falta de respeto a las víctimas y a la sociedad en general”.
D’Agostino insistió en que se va a discutir un tema “muy importante que puede afectar a la sociedad entera. En Mendoza hay 221 condenados a perpetua y si esta doctrina “Martearena” llega a tener eco en la Suprema Corte de Justicia, al otro día vamos a tener una catarata de recursos de los condenados a perpetua para que revisen sus penas, con la posibilidad que esos delincuentes peligrosísimos puedan estar en libertad en breve”.
El juez penal Eduardo Martearena sostiene que la prisión perpetua es inconstitucional, debido a que no garantiza la resocialización del condenado y por lo tanto viola la Constitución nacional.
Pero para D’Agostino, Martearena confunde imponer una pena con ejecutar esa pena. La ejecución de esa pena la lleva adelante un juez de ejecución penal”, dijo y de él depende determinar si el reo está resociabilizado.
Agregó que la única función de la pena no es resocializar, aunque el Estado debe garantizar todos los actos necesarios para que la gente se resocialice. “La pena también es una sanción, no podemos desconocer esto, y tiene la función de la protección de la sociedad respecto de gente peligrosa.
“En los condenados a perpetua hay un alto grado de psicópatas perversos que son irrecuperables. ¿Qué hacemos con estas personas?, ¿las liberamos igualmente porque no se pueden resocializar?”, se preguntó.
