Se ha hablado mucho sobre el concepto de igualdad y ciertamente es deseable, como humanidad, la igualdad de derechos al nacer. Este criterio está presente en la mayoría de los países del mundo. Esto hace, en teoría, que todos tengamos los mismos derechos cuando venimos al mundo; del quehacer de cada uno dependerá su desempeño en la sociedad.
Esa, claramente, no es la realidad. Una persona que nace en un contexto socioeconómico complicado no tiene ni remotamente las mismas posibilidades de ejercer sus derechos que otra que nace en un contexto favorable.
En este mundo injusto, no hay institución más poderosa que la educación pública y de calidad como herramienta para el ascenso y la mejora social. Más allá de que este hecho esté reconocido por la UNESCO y otras organizaciones internacionales, son muy pocos los países donde la educación, y en particular la educación superior, se rige por principios tales como el acceso universal, la gratuidad, el alcance territorial y el cogobierno.
Nuestra Argentina es una excepción, donde se ha avanzado enormemente en esta dirección desde los logros de la Reforma de 1918, la gratuidad de
1949 y la autonomía universitaria, decretada en 1983 y consagrada en la Constitución de 1994. Sin duda que aún queda mucho por trabajar para garantizar este derecho para todos, pero los avances de la universidad pública en este sentido son fenomenales.
