Hecha la ley, hecha la trampa. Dos malargüinas se las ingeniaron para truchar certificados de estudios de un CENS para acceder al programa de promoción de empleo Enlace durante la gestión del ex intendente Juan Manuel Ojeda. Según la información a la que accedió este diario, ambas fueron imputadas por tentativa de estafa, y es probable que se confirmen más impuntaciones ya que en la fiscalía que sigue la causa se investigan otros casos más.
Dos sureñas trucharon documentos para cobrar el programa laboral Enlace y les imputaron estafa
Son de Malargüe y habrían falsificado certificados de estudios para acceder al beneficio en la gestión del ex intendente Juan Manuel Ojeda. Investigan estafas
Dos mujeres de Malargüe fueron imputadas de tentativa de estafa luego de que se comprobara que trucharon certificados de estudios para acceder a los beneficios del programa de empleo Enlace.
En el expediente que se tramita en la fiscalía de Instrucción N°1 de San Rafael se puede leer que Marcela Andrea Riquelme y María Noelia Andrade lograron engañar a todos cuando trucharon certificados que supuestamente probaban que habían terminado el secundario en el CENS 3-512 de Malargüe y con ellos accedieron a los beneficios del programa Enlace entre los años 2022 y 20223.
Es más, la actual gestión de Alfredo Cornejo también le destinó a esos programas de empleo $2.400 millones.
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Hay que recordar que ese programa provincial de promoción del empleo se creó en la gestión del ex gobernador Rodolfo Suarez con la meta de auxiliar económicamente a las empresas golpeadas por el aislamiento que generó el Covid 19, subsidiando en aquel momento una parte del sueldo de salario de esos nuevos empleos. Ya en el segunda etapa la gestión de Suarez costeó el 40% del Salario Mínimo Vital y Móvil de los que habían accedido al programa con la pretensión de sostener 5.000 empleos.
Todo hace suponer que las dos imputadas lograron sortear los controles y con esos certificados truchos accedieron a ese beneficio, por lo que ahora están imputadas por los delitos de "uso de documento público falso en concurso real con el delito de estafa génerica en grado de tentativa".
Los pesquisas también buscan confirmar si las imputadas accedieron al beneficio por alguna complicidad o parentezco con quienes operaban ese programa en la comuna.
La misma fiscalía que avanzó con esas imputaciones investiga otros casos que también habrían ocurrido en Malargüe. Es más: el asesor letrado de la comuna que hoy conduce el intendente Celso Jaque también pidió conocer los alcances de la investigación con la meta de saber si el Estado municipal también pudo ser estafado.
En la causa constan de hecho informes de la comuna de Malargüe, de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación de la provincia, de la escuela Jorge de la Reta y de la Dirección de Títulos y Estudios.
Una millonaria estafa que estalló por un ardid de una pareja de empleados públicos
La Justicia también debió actuar luego de que se detectara una millonaria estafa en el programa Enlazados, entre octubre de 2023 y abril de 2024. Allí los implicados fueron dos jóvenes ex empleados públicos que manipularon el sistema y se habrían quedado con $27 millones.
En octubre del año pasado la fiscal de Delitos Económicos, Gabriela García Cobos, acusó de “fraude a la Administración Pública en la modalidad de estafa genérica” a Valentina Clara Cáceres, quien se desempeñaba como personal técnico contratada por el Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento al Empleo, y a su pareja Germán Exequiel Valdeomillos, ex empleado del mismo sector.
A la denuncia contra ambos ex empleados públicos la hizo el mismo Gobierno, cuyos representantes legales acudieron a la Fiscalía de Delitos Económicos después de que el Ministerio de Producción descubriera las irregularidades y cesanteara a Cáceres de sus funciones, el 30 de abril de 2024.
A la par de la imputación, la fiscal ordenó el “embargo preventivo sobre los bienes de Valentina Clara Cáceres Dimarco y Germán Exequiel Valdeomillos Tobares, en resguardo de los intereses patrimoniales del Estado Provincial”.
También se les prohibió salir del país y de la provincia, y se ordenó retenerles sus pasaportes y la prohibición de expedición de nuevos documentos de viaje”.