La Justicia Federal de San Rafael sancionó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por no restituir pensiones no contributivas por invalidez laboral retenidas en Mendoza, tal como lo había ordenado.
En Mendoza
Discapacidad: la Justicia sancionó a la ANDIS por no restituir pensiones no contributivas
ANDIS restituyó pensiones no contributivas en otras provincias, pero en Mendoza no y fue multada. Mientras, más mendocinos con discapacidad se volcaron a la Justicia
La Agencia de Discapacidad no restituyó pensiones no contributivas como mandó la Justicia.
El apercibimiento por incumplimiento de la manda judicial se dio en el caso de un sanrafaelino, con discapacidad y 80% de incapacidad laboral, que presentó una medida cautelar ante la interrupción del pago de su pensión sin haber atravesado el proceso de auditoría.
En agosto, la Justicia falló en contra de la Nación y ordenó el “restablecimiento inmediato del pago de la Pensión No Contributiva ”. Sin embargo, ni ANDIS y ni ANSES cumplieron con la manda judicial por lo que los jueces Damián Bernales y Marcelo Garnica hicieron efectiva una “sanción conminatoria pecuniaria compulsiva a favor del accionante”.
Se trata de una multa de $15.000 diarios, a favor del pensionado, a contar desde este martes y hasta su efectivo cumplimiento.
La Agencia de Discapacidad y la ANSES se rehúsan a pagar la pensión no contributiva
Si bien ya se resolvió que la Agencia de Discapacidad y la ANSES debían retomar el pago de la pensión suspendida, por el estado que tomó la causa y el incumplimiento de los demandados, el Juzgado Federal de San Rafael llamó a autos para sentencia definitiva del proceso.
En el medio, la ANSES presentó recursos, que fueron desestimados, y la Justicia la intimó a dar cumplimiento con la orden judicial “bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias, pecuniarias y compulsivas, por día de retraso y en favor de la actora”; que fue lo que efectivamente sucedió.
En este caso, la resolución de la Justicia de San Rafael se dio en favor del actor porque la suspensión de la pensión por invalidez sucedió sin acto administrativo debidamente notificado ni procedimiento previo que le permitiera ejercer su defensa.
El demandante había sido notificado de la medida de la Agencia de Discapacidad en su domicilio, mismo al que no le llegó la citación para la auditoría por supuestas “inconsistencias en los datos domiciliarios”.
De haberla recibido, el hombre con discapacidad hubiese podido presentarse al turno con la documentación que avala su pensión no contributiva.
Más mendocinos reclamaron que la Agencia de Discapacidad restituya sus pensiones no contributivas
Nuevas demandas contra la ANDIS se presentaron este mes en Mendoza por la suspensión intempestiva de pensiones no contributivas por invalidez laboral.
Una fue presentada con la asesoría del Ministerio Público de la Defensa. El demandante fue diagnosticado con VIH en 2016. La suspensión de la pensión no contributiva se dio “sin que conste acto administrativo fundado en las causales que prevé la reglamentación”.
La urgencia del caso, aseguró el defensor público coadyuvante, titular de la Unidad de Defensa en Materia no Penal, “radica en la situación socioeconómica del señor, que cuenta con esta pensión como el único ingreso para su supervivencia, sin familiares que puedan prestarle apoyo”.
La petición en la medida cautelar es para que se rehabilite el beneficio de pensión no contributiva, y se restituya el haber retenido arbitrariamente, hasta tanto se someta a una nueva auditoría médica para verificar su diagnóstico.
Según se relata en la demanda, cuando el hombre se presentó en agosto a cobrar su beneficio, le informaron que estaba retenido. Hasta ese momento, como en otros casos iniciados desde la misma Unidad de Defensa en Materia no Penal, el actor no había recibido ninguna citación a auditoría médica, a pesar de tener sus datos actualizados.
“Al consultar en ANSES Mendoza le informaron que debía presentar la documentación médica actualizada, y presentar el reclamo correspondiente. Así lo hizo, el 11 de agosto, conforme las constancias adjuntas”, señaló el abogado.
Sin embargo, al informar sobre su diagnóstico, que fuera motivo del otorgamiento, le indicaron que debía solicitar otro tipo de pensión no contributiva, la que rige bajo el amparo de la Ley 27.675, que es una prestación vitalicia para personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
El demandante lo hizo, pero aceptando suspender el cobro de la PNC anterior al momento en que esta última sea concedida, situación que aún no se da.
Tras algunos días sin respuesta, el hombre se presentó ante el Ministerio Público de la Defensa. Desde allí se envió un emplazamiento a la Agencia de Discapacidad para que proceda en 48 horas la rehabilitación del beneficio y se fije fecha para la auditoría, pero nada de ello sucedió; y es por eso que se inició el proceso judicial.
Otro de los casos relevantes iniciados ante la Justicia Federal de Mendoza es el de una mujer, asesorada por la abogada y candidata a diputada nacional Marisa Uceda –abogada en el caso de los medicamentos de PAMI-.
La demandante padece una discapacidad desde su nacimiento: una cardiopatía congénita que consiste en una coartación de la arteria Aorta. Y por la condición de bajos ingresos de su grupo familiar, no cuenta con recursos para atender todas las necesidades que le genera su condición. Por lo que, en mayo de 2014, la Agencia Nacional de Discapacidad le otorgó la pensión no contributiva.
Un punto clave del beneficio es que incluye la obra social Incluir Salud, que cubre no solo la atención médica sino también la entrega de medicamentos.
A la demandante, le fue suspendida la pensión en junio; y con ello, todos los otros servicios. El argumento que presentó ANDIS ante su consulta presencial por la suspensión de la pensión no contributiva fue su ausencia al turno notificado para la auditoría, notificación que la mujer asegura que nunca le llegó.
“Nunca fui notificada para su realización, aun cuando envié comunicaciones vía mail a la ANDIS para solicitar información, la cual nunca fue enviada, como tampoco si tenía que hacer el control, dónde y cuándo”, señaló la mujer.
“Hay que tener en cuenta que el beneficio representa un 70% del total de una jubilación mínima, el cual en el momento asciende a un monto cercano a los $300.000 si se suma el bono que se viene otorgando, con lo que apenas alcanza para los gastos mínimos relacionados a alimentación, vestimenta y cuidados, teniendo en cuenta que mi discapacidad me hace muy dificultoso solventarme por mis propios medios, ya que nadie me brinda trabajo y no puedo generar recursos propios”, argumentó la demandante.
Como estos, en Mendoza tramitan más causas contra la Agencia de Discapacidad por el corte de pensiones no contributivas. En otras provincias, como Formosa, las mismas fueron restituidas.