David Litvinchuk, director del PAMI en Mendoza, fue acusado formalmente este miércoles por desobediencia a un funcionario público, figura tipificada en el artículo 239 del Código Penal. El director nacional, Esteban Leguizamo, fue imputado con la misma carátula.
El director del PAMI, David Litvinchuk, fue imputado en el fuero penal federal.
Foto: Cristian LozanoDe esta manera, avanza la causa penal que comenzó con la denuncia de los abogados Marisa Uceda y Carlos Blanco, representantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados (Jubypen), por el incumplimiento de una orden judicial que se dictó a su favor en sede civil y por la que los responsables de PAMI debían entregar medicamentos 100% gratuitos a los afiliados.
Aquella orden surgió en diciembre cuando el juez federal Pablo Quirós dictó la medida cautelar, suspendiendo dos resoluciones de la obra social, que restringían la lista de remedios de entrega gratuita.
Ese fallo fue ratificado por el juez subrogante Marcelo Garnica, quien volvió a exigir su cumplimiento a los directores de PAMI bajo apercibimiento de quedar encuadrados dentro del artículo 239, por el que ahora se los acusó formalmente en sede penal.
En la audiencia en la que se escucharon la acusación de la fiscal Alejandra Obregón y las posiciones del resto de las partes -inicio del proceso conforme el nuevo Código Procesal Penal Federal-, la jueza de garantías María Paula Marisi dio un plazo de 45 días para la presentación de pruebas que sustenten la imputación; en tanto que desestimó el pedido para impedir que Litvinchuk y Leguizamo salgan del país.
La acusación contra el director del PAMI
Julio Livellara, de Jubypen, se presentó en la causa penal como querellante. Su abogada, Marisa Uceda, se mostró conforme tras la audiencia celebrada este miércoles. “Quedó claro que tanto Litvinchuk como Leguizamo están en infracción a la ley, con una decisión que afecta la salud de los jubilados y que a su vez desconoce la orden de un juez”.
Esos elementos, de hecho, son los que fueron valorados por la jueza en esta primera vista, en la que se avaló que se avance formalmente en la investigación penal tanto respecto del director nacional como del local.
En defensa de David Litvinchuk, en tanto, el abogado Leonardo Pérez Videla argumentó que existe un planteo de inhibitoria para que todas las causas que tienen que ver con PAMI sean tratadas en Buenos Aires; y, además, que el director de la delegación mendocina solo cumple órdenes y no tiene poder para revertir una decisión adoptada a nivel nacional.
Respecto de aquella inhibitoria interpuesta por el Juzgado Civil y Comercial Federal N.° 5 de CABA, la sala B de la Cámara Federal de Mendoza ya se había pronunciado en mayo confirmando la competencia del Juzgado N.º 2 de Pablo Quirós.
Leguizamo participó de la audiencia y dio sus argumentos de manera virtual. Tanto él como Litvinchuk hicieron un repaso de su gestión a cargo del PAMI.
“Me indigna que digan que no se quitaron medicamentos gratis a los jubilados que lo necesitan”, aseguró Uceda tras escucharlos.
“Sacar un medicamento del Vademecu del PAMI, significa, no solo que deja de tener el 100% de cobertura, sino que pasa a ser de venta libre, por lo que la farmacia le puede poner el precio que quiera. Hay descuentos, sí, pero para muchos, que su medicamento ya no sea gratuito, significa dejar de tomarlo porque la gente no puede pagar los nuevos precios”, aportó durante la audiencia el querellante Livellara.
Cómo continúa la investigación contra titulares del PAMI
Esta acusación en sede penal, dirigida personalmente contra los funcionarios por desobedecer una orden judicial, corre por carriles diferentes a los de la causa madre, que es la que se tramita en sede civil y tiende a que los jubilados recuperen la gratuidad en los medicamentos.
Penalmente, la acusación que se formalizó este miércoles es por el artículo 239. El mismo prevé una pena de prisión de quince días a un año –por lo que es excarcelable- para el que “resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal”.
La orden que se investiga si se ha desobedecido es la que dio el Juzgado N.º 2 para que el PAMI suspenda las resoluciones que condicionaron la entrega de medicamentos de manera gratuita a la aprobación de trámites extra.
En los próximos 45 días, habrá una nueva audiencia en Tribunales Federales, llamada de "control de la acusación". En ella se considerarán las pruebas presentadas por las partes; se podrán, o no, plantear nulidades y excepciones; y será el último filtro antes de que la causa contra los titulares del PAMI pueda pasar al juicio oral.