El juez Eduardo Puigdéngolas, de San Rafael, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que restituya “de inmediato” una de las pensiones suspendidas en Mendoza. Se trata de un caso testigo clave que sienta un precedente para lo que viene.
Pensiones suspendidas: un juez mendocino ordenó la restitución del beneficio tras una medida cautelar contra la ANDIS y la ANSES.
El demandante es un hombre con 80% de incapacidad laboral. Contaba con una pensión no contributiva por invalidez laboral desde el 2020, pero a fines de junio de este año recibió una inesperada noticia cuando la ANDIS le notificó, en su domicilio, la suspensión de la pensión.
La sorpresa fue tal porque, antes de ello, no recibió la citación para someterse al proceso de auditorías que la Nación inició este año en Mendoza. De haberla recibido, en el mismo domicilio en el que fue notificado de la suspensión, hubiese podido presentarse al turno correspondiente y presentar la documentación que avala su beneficio.
Al no cobrar los $220.000 de su pensión no contributiva al mes siguiente, el hombre pidió una medida cautelar, que le fue otorgada con efecto devolutivo la semana pasada.
La Justicia de Mendoza obliga a la ANDIS a pagar pensiones suspendidas
En el fallo, el juez mendocino ordenó a la ANSES “el restablecimiento inmediato del pago de la Pensión No Contributiva por Invalidez (…) en el plazo de cinco días”.
Más tarde, y por haber omitido involuntariamente a la ANDIS en el resolutivo, sumó a la agencia –protagonista de un escándalo por coimas- entre las obligadas al cumplimiento.
La ANSES apeló la resolución del juez por fallas en la notificación de la misma y por no ser organismo que otorga las pensiones, sino solo en el que las paga.
“El otorgamiento o baja o suspensión del beneficio asistencial es de exclusiva competencia de la Agencia Nacional de Discapacidad, como organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación”, se excusó la ANSES.
La ANDIS, en tanto, a través del abogado Federico Cinta, presentó un recurso de reposición, que fue rechazado; y una apelación subsidiaria, que fue concedida, pero con efecto devolutivo, por lo que deberá cumplir con la restitución inmediata de la pensión suspendida, más allá de la etapa que luego se sustancie en la Cámara Federal de Mendoza.
De qué se trata la medida cautelar que dictó la Justicia en el caso de pensiones suspendidas
Se trata de una medida cautelar autónoma, de carácter instrumental y provisorio, supeditado a la promoción de la acción principal. Según entiende la Justicia, es el cauce procesal más adecuado para la tutela urgente del derecho invocado en este caso.
En este tipo de incidentes, la parte demandada puede ejercer su derecho de defensa, pero el fondo de la cuestión se analiza de manera exhaustiva en otro proceso.
Así, la decisión que adoptó el juez en este caso de pensiones suspendidas es precautoria y tiende a evitar que el transcurso del tiempo frustre irremediablemente el derecho cuya tutela se persigue; pero no se trata de una decisión definitiva.
“En el caso de autos, la suspensión de la pensión por invalidez del actor, sin acto administrativo debidamente notificado ni procedimiento previo que le permitiera ejercer su defensa, constituye una vía de hecho administrativa que genera un perjuicio de naturaleza alimentaria”; y de ahí la decisión de dar una solución provisoria de manera inmediata.
“Cuando se encuentran en juego el derecho a la vida y a la salud, surge la necesidad de su protección por medio de una tutela judicial efectiva”, dijo el juez.
“En el presente caso, el peligro en la demora es manifiesto. El actor carecía de ingresos distintos a la pensión suspendida, la cual constituiría su único sustento económico. Además, su estado de discapacidad le impediría generar medios de subsistencia por otra vía. La suspensión del pago compromete no solo su subsistencia básica, sino también su acceso a prestaciones médicas y asistenciales, generando un riesgo cierto e inminente de daño irreparable”, explicó el magistrado.
El caso de pensiones suspendidas sin auditoría que llegó a la Justicia en Mendoza
La ANDIS suspendió la pensión no contributiva de invalidez laboral a Daniel, un hombre con 80% de incapacidad laboral reconocida.
En la carta documento mediante la cual notificó la decisión, el exdirector de la agencia nacional Diego Spagnuolo basó la suspensión en que el beneficiario no se había sometido a la auditoría correspondiente, porque la ANDIS no le había podido entregar la citación por “causas imputables a la persona beneficiaria” o por “inconsistencias en los datos domiciliarios”.
El hombre afirmó que efectivamente no recibió una citación para auditoría en su domicilio; pero que la dirección en la que vive es la que figura en su DNI, en la ANSES, en el certificado médico. E, incluso, es la misma en la que sí recibió la carta documento que le notificaba la suspensión, lo que —según su abogado— prueba que su domicilio es válido y operativo.
La suspensión de la pensión no contributiva lo dejó sin su principal fuente de ingresos, dado que no puede trabajar y depende de ella para su subsistencia.
Planteada esta situación, Daniel recurrió a la Justicia Federal de San Rafael, contra ANDIS y ANSES, para que le restituyan la pensión suspendida lo antes posible.