Cateo minero en tierras de Martín Varsavsky en el Valle de Uco: pidieron explicaciones al Gobierno

La idea es que el proyecto de los legisladores de La Unión Mendocina tome estado parlamentario el próximo miércoles en la Cámara de Diputados tras haber ingresado este viernes 4 de septiembre a la Legislatura.

El expediente también solicita conocer si existen estudios de impacto ambiental, informes técnicos y antecedentes sobre una eventual explotación futura. "Que un proyecto esté fuera de un área protegida no alcanza para descartar sus posibles vinculaciones hídricas, ambientales y ecosistémicas”, manifestó Difonso.

Luego pretenden sumar el respaldo de diputados de San Rafael ya que existe otro cateo que abarca ese territorio.

Los cateos mineros en tierras de extranjeros

El trasfondo del pedido administrativo alcanza terrenos privados de alta visibilidad mediática y económica. Se trata de un predio de aproximadamente 32.000 hectáreas ubicado en el sudoeste de la localidad de Pareditas, sobre la Ruta Provincial 101. Concebido inicialmente como un refugio privado ante eventuales crisis globales, el emplazamiento funciona desde comienzos de 2026 como un complejo turístico de alta gama que combina hospedaje, naturaleza y aventura en la precordillera del Valle de Uco.

La documentación oficial elaborada por la Dirección de Minería señala que los permisos solicitados por los emprendedores privados alcanzan predios cuyos titulares superficiarios son el propio Varsavsky, junto con sus vecinos Nelson Guillermo Meizenq y Guillermo M. Pons. Frente a la difusión pública de estos trámites, el magnate de origen argentino expresó en sus redes sociales: "Soy el dueño y es común que los derechos mineros los tengan otros, pero donde estamos, no dejan la minería".

El origen de los proyectos mineros y sus solicitantes

Los trámites administrativos vinculados con la zona se retrotraen a finales de diciembre de 2024, un año después de que el grupo inversor liderado por Varsavsky concretara la adquisición de sus tierras. Las actuaciones contemplan dos pedidos de cateo independientes que, sumados, comprenden una extensión de 17.760 hectáreas.

Por un lado, el expediente del cateo Sofía I comprende una superficie de 8.026 hectáreas y fue tramitado por los empresarios Gustavo César Sued, Marcelo Rafael Sued y Mario Daniel Marino. Posteriormente, en mayo de 2025, la familia Sued constituyó la firma Sued Mining SAS para actuar en el rubro minero, energético y petrolero.

Por otro lado, el pedimento Mía I -eje del proyecto de resolución impulsado en la Legislatura- abarca una superficie de 9.734 hectáreas. De acuerdo con las actuaciones tramitadas ante la Escribanía de Minas el 23 de diciembre de 2024, la solicitud inicial fue radicada por Mario Daniel Marino y Pablo Adolfo Marino.

Alertas ambientales y la proximidad con la Laguna del Diamante

Aunque las dependencias de Catastro Minero determinaron en primera instancia que la zona se encuentra "fuera de áreas de reserva", la ub

icación cartográfica generó reparos en sectores políticos y ambientales del Valle de Uco. El terreno delimitado está a escasa distancia de los límites formales de la Reserva Natural Laguna del Diamante, un área protegida por las leyes provinciales 6.200 y 7.422.

En los fundamentos de la propuesta parlamentaria, Difonso y Scanio sostuvieron que la sola delimitación de un polígono por fuera de una reserva no

resulta suficiente para descartar eventuales afecciones sobre los ecosistemas. El texto enfatiza que la zona alberga cabeceras de cuenca, glaciares, ambientes periglaciales, vegas y cursos de agua fundamentales para la recarga de los mantos acuíferos que abastecen el oasis productivo sancarlino y la cuenca de los arroyos Yaucha, Papagayos y Rosario.

Por este motivo, la propuesta de resolución exige que el Poder Ejecutivo entregue mapas georreferenciados y archivos digitales interoperables para superponer el cateo sobre las cuencas hídricas, humedales y caminos existentes.

Asimismo, se solicita detallar los métodos de prospección a utilizar, el volumen estimado de agua requerida para las tareas de campo y la eventual proyección de aperturas de huellas o perforaciones.

El requerimiento técnico y la normativa vigente

El pedido de informes apela al cumplimiento de un amplio marco legal integrado por el Código de Minería de la Nación, la Ley Provincial 9.529 de Procedimiento Minero, la Ley General del Ambiente 5.961, el Decreto 820/2006, la Ley 7.722 y la normativa nacional sobre protección de glaciares.

Entre sus 19 puntos, la iniciativa encomienda a las autoridades provinciales responder sobre los siguientes aspectos clave:

• Sustancias objeto de exploración: identificar los minerales buscados, su categoría legal y los informes geológicos previos que justificaron el trámite.
• Participación municipal e informes sectoriales: confirmar si el Municipio de San Carlos fue notificado e intervino formalmente a través de dictámenes de compatibilidad territorial o evaluaciones ambientales.
• Uso del recurso hídrico: precisar si las labores exploratorias demandarán agua subterránea o superficial, el origen de la fuente y las autorizaciones requeridas ante el Departamento General de Irrigación.
• Estudios de impacto acumulativo: determinar si la Autoridad Ambiental Minera contempla el impacto conjunto de varios cateos coexistentes en la misma microcuenca altoandina.
• Consulta extra: detallar las notificaciones cursadas a los propietarios del suelo -entre ellos el grupo Wamani- y la presencia de comunidades indígenas en la zona de influencia.