Arbolado público: los municipios tendrán mayor control, pero Haudet aclaró que "el frentista no es dueño del árbol"

El director de Biodiversidad y Ecoparque de la provincia, Ignacio Haudet, explicó en radio Nihuil los alcances de la ley y el rol que deberán asumir tanto los municipios como los vecinos. Según el funcionario, los cambios se concentran en darles libertad de acción a las comunas, pero con mayor exigencia técnica.

"Lo único que necesitaban es adornarse un poco a los tiempos administrativos para que la gente, cuando reclamaba sobre el árbol de su casa, pudiesen los municipios ser más expeditivos a la hora de tomar la decisión. Se busca darles esa libertad y exigirles también una mayor previsibilidad o planificación del arbolado público", aseguró Ignacio Haudet.

Planificación, poda y el fin de los mitos

De ahora en más, las comunas deberán proyectar sus intervenciones a 4 años, prever las obras públicas, adecuar los nichos de guardacanto y asegurar la liberación de fondos en las acequias para el desarrollo de las raíces. Asimismo, deberán fomentar la variedad mediante policultivos para evitar enfermedades masivas en sectores enteros. Ciertas especies, como el olmo o el eucalipto, quedarán descartadas para el arbolado público urbano.

Además, Haudet desmitificó la necesidad de podar los árboles todos los años, ya que los forestales suelen requerir poda correctiva cada 4 años, realizada exclusivamente por profesionales.

"Los árboles, como cualquier cultivo, no necesitan una poda todos los años. Si vos hacés una mala poda, debilitás al árbol y terminás generando mayores perjuicios. La erradicación no es la solución; es la última que queda", continuó explicando Haudet al aire de Nihuil.

Un aspecto central de la nueva ley de arbolado público es la facultad que ahora poseen las intendencias para sancionar directamente a los frentistas que mutilen, poden o intervengan los árboles por cuenta propia. Aunque el árbol esté ubicado frente a una vivienda particular o haya sido plantado por el propio vecino, la propiedad legal del recurso sigue perteneciendo al Estado.

Ante reclamos por daños en veredas o interferencias en servicios, el trámite debe iniciarse formalmente por la mesa de entrada municipal o vías oficiales digitales, y un ingeniero agrónomo o forestal determinará el procedimiento. En caso de erradicación por riesgo, los municipios están obligados a retirar el tocón y realizar el replante, con una exigencia mínima de tres nuevos ejemplares para compensar el impacto ecosistémico.

Finalmente, Haudet remarcó que ante emergencias graves o riesgo inminente de caída, la prioridad absoluta es la seguridad humana: cualquier organismo competente debe actuar de inmediato, relegando los trámites administrativos a una etapa posterior.