Alfredo Cornejo celebró la venta de la mansión de Lobos y confirmó que los fondos se destinarán a escuelas
Alfredo Cornejo destacó que la medida judicial es la primera Extinción de Dominio del país y que lo obtenido de forma ilícita beneficiará a la comunidad
El gobernador destacó la aplicación de la Ley 9.151 de Extinción de Dominio en Mendoza.
El gobernador Alfredo Cornejo destacó este jueves a través de su red social X la venta de la mansión del ex intendente del PJ Luis Lobos y sostuvo que "lo robado regresa al Estado para beneficiar a la comunidad". En este sentido, destacó que el monto de la venta de la propiedad (más de $172 millones) será para invertir en infraestructura educativa.
La puja fue entre seis oferentes y el ganador tiene domicilio en Guaymallén.
También resaltó que se trata de la primera venta del país que se realiza bajo el paraguas de la ley de Extinción de Dominio.
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Lobos cumple una condena de 8 años de cárcel en el penal San Felipe por los delitos de enriquecimiento ilícito, defraudación y administración fraudulenta. Fue inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos.
Cuánto dinero recibirá la DGE por venta de bienes del Estado
En el mismo posteo, Cornejo manifestó que tanto los $172 millones recaudados por la venta de la mansión de Lobos como $447 millones más provenientes de la venta de 9 inmuebles -considerados como herencia vacante- serán destinados a la DGE.
Lo que se hará con estos $619 millones son mejoras en la infraestructura y otras necesidades de las escuelas de Mendoza.
Cornejo subrayó que con esta medida "Mendoza se convierte en pionera en la lucha contra la corrupción".
En qué consiste la Ley de Extinción de Dominio
La ley de Extinción de Dominio (Ley provincial N° 9.151) permite al Estado recuperar bienes que provienen de actividades ilícitas, como corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas y otros delitos graves.
Se trata de un proceso civil, independiente del proceso penal, por lo que no requiere una condena previa para avanzar. Su enfoque está puesto en quitarle a los delincuentes los beneficios económicos obtenidos de manera ilegal.
Los bienes recuperados a través de este mecanismo pueden destinarse a políticas públicas, programas sociales o a la reparación de víctimas. La ley busca agilizar la acción del Estado frente a la lentitud de la justicia penal, evitando que los activos ilícitos se pierdan, se oculten o se diluyan mientras avanza una causa judicial.
