Hace un año y medio, una mujer denunció en la Justicia Federal de Mendoza que fue víctima de abuso sexual reiterado por un conocido de la familia en La Paz cuando tenía entre 8 y 14 años. Dijo que escapó y se radicó en Buenos Aires en 2011 y acusó a la madre y al padrastro de haberla entregado: ambos serán juzgados por un tribunal oral en los tribunales situados en España y Pedro Molina de Ciudad.

Hoy están detenidos con prisión preventiva en la cárcel federal de Campo Cacheuta, responsabilizados de haber provocado que aquella niña y después adolescente fuera víctima de violencia sexual y trata de personas con fines de explotación sexual.

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A mediados de 2020 y tras denunciar penalmente la situación que atravesó, esa mujer reclamó que le fuera otorgada una nueva identidad para reperfilar su vida en familia. Y lo consiguió: el Juzgado Federal número 1 le reconoció el derecho a tener nuevos nombre y apellido para dejar atrás aquel doloroso pasado de sometimiento.

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El edificio de Tribunales Federales. Foto: Martín Pravata.

El edificio de Tribunales Federales. Foto: Martín Pravata.

El caso

En 2011, la mayoría de los vecinos del departamento La Paz se vieron convulsionados por la súbita desaparición de una adolescente de 14 años.

La madre y el padrastro participaron activamente de los reclamos por la reaparición inmediata de la chica que, se especuló, había sido víctima de una red de trata de personas.

Sin embargo, para algunas personas, las menos, algo raro había. Y echaron a rodar un dato estremecedor: la menor de edad había huido por decisión propia. Para escapar de algo que en el pueblo muchos parecían saber pero nadie se animaba a denunciar: que la chica había sido sometida sexualmente desde los 8 años y que la madre y el padrastro tenían mucho que ver.

En mayo de 2020, cuando la mujer se presentó en Desarrollo Social de la Nación, en Buenos Aires, expuso su situación y dijo que había huido pero no víctima de una red de trata de personas sino de la madre y el padrastro que la entregaban a un conocido de la familia, que abusó repetidamente de ella en su propia casa.

Declaró en Cámara Gesell en Buenos Aires, adonde vive con la pareja y los hijos. Fue durante una audiencia remota en conexión con Mendoza, en los comienzos de la pandemia de Covid.

Participaron además, funcionarios judiciales vinculados a la protección de las víctimas.

El desenlace

La Justicia Federal ordenó detener en La Paz a la madre y al padrastro de la víctima y los puso a disposición del Juzgado federal 1 y de la fiscalía número 2. Están imputados, presos en una dependencia federal y pronto serán juzgados por un tribunal oral.

El autor material de los vejámenes murió hace cinco años por lo cual quedó inmediatamente exculpado de la responsabilidad penal.

El caso se conoció en Mendoza y sacudió a La Paz hace un año y medio. Rápidamente, el fiscal Alcaraz aclaró que la víctima no había sido secuestrada por una red de trata y que la madre y el padrastro nada tenían que ver con esa posibilidad.

Expusieron desde la Justicia que la violencia sexual padecida por la víctima había sido propiciada y había ocurrido en el entorno familiar. Los entregadores eran la madre y el padrastro y el abusador era un allegado a la familia.

Por entonces, muchos paceños recordaron a aquella chica que había desaparecido como por arte de magia y celebraron que haya sido encontrada con vida. Otros, los menos, confirmaron que era cierta aquella versión del infierno familiar. Ahora, todos están atento al comienzo del juicio y a la sentencia de la Justicia Federal.