Balance de viviendas del IPV

Vivienda, la deuda que arrastran los gobiernos de los últimos 22 años y que creció en la gestión de Suarez

El altísimo déficit habitacional en Mendoza, que históricamente superó las 70.000 casas, la construcción de viviendas viene cayendo notoriamente. Tanto que en los tres años de gestión de Rodolfo Suarez se construyó casi la misma cantidad que hizo Alfredo Cornejo sólo en el 2018

Cuando se trata de analizar el porqué de esta estrepitosa caída en la construcción de viviendas surgen varias variables. En el séptimo piso de Casa de Gobierno, en donde funciona el ministerio de Infraestructura se apuran a argumentar que la pandemia obligó a frenar la construcción, y que si bien en Mendoza no se frenó del todo, se ralentizó notoriamente.

Según apuntan desde la delegación local de la Cámara de la Construcción de la Argentina, "en esos 18 meses que estuvo casi frenada la obra pública, el IPV se rigió por un decreto que establecía que no se podía avanzar más del 3% por mes, lo que se refleja en esa baja en la construcción. Pero aún así hay que admitir que de la obra pública, la construcción de casas es lo que más se sostuvo", aportó Dalmiro Barbeito, presidente de esa cámara.

Tal fue el impacto de la pandemia primero, y más tarde de los vaivenes económicos del país que hicieron que el año concluya con el 96% de inflación, que ya a mediados de este año en Infraestructura se habían puesto la meta de al menos concluir las obras que iniciaron este año y se ilusionaban con incrementar el número de casas a entregar y ejecutar.

"Esa falta de previsibilidad, hizo que este año hubiese obras paradas por falta de materiales y por la inestabilidad de precios. Es más en el último trimestre hubo varias licitaciones desiertas. Las empresas se volvieron selectivas para elegir obras", apuntaron desde el ministerio que comanda Mario Isgro.

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En concreto, siguiendo los índices que publica el Instituto Provincial de la Vivienda, en la gestión de Rodolfo Suarez se entregaron 785 en el pandémico año 2020, otras 932 en el 2021, y terminará el 2022 habiendo entregado 660 casas. Por tanto en tres año de su mandato otorgó 2.377 viviendas a través del IPV.

La caída de la construcción de la vivienda se palpa concretamente si se cuenta que el ex gobernador Julio Cobos (2003-2007) concluyó su mandato habiendo entregado 10.552 casas, y que más cerca en el tiempo, Alfredo Cornejo sólo en el 2018 entregó 2.322 viviendas.

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Atento a los magros números en construcción de viviendas, el ministro Isgró -casi obligado por la coyuntura-, puso sus expectativas en las casas que están en ejecución y podrían concluir en el último año de gestión. "Tenemos en ejecución 2.247 viviendas y otros 700 mejoramientos que casi equivalen a una solución habitacional, porque son de varios metros cuadrados y un gran beneficio para la familia que lo recibe. Además tenemos 2.900 licitadas, 1.600 ampliaciones y 1.400 viviendas a licitar que ya tienen listo el proyecto", aseguró el ministro.

La deuda en vivienda que siempre aparece en la agenda política

“La vivienda tiene que ser política de Estado, más sabiendo que en Mendoza solo se ejecutó el 16% del presupuesto previsto en el IPV”, decía antes de las elecciones del 2021, la por entonces candidata a senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti.

Esa era una de las banderas políticas que el PJ agitó en esa campaña. De echo la construcción de viviendas también se instaló en el debate sobre el presupuesto provincial: "de un monto aprobado de $4.500 millones solo terminaron 462 casas en 2021. Y de este presupuesto (por el del 2022) el 91,1% de los fondos provinieron de Nación, un 8,8% de organismos multilaterales y tan solo un 0,1% proviene de fondos provinciales".

Pero ese no fue el único cuestionamiento político que recibió la gestión de Suarez por lo hecho en vivienda. El pasado viernes, también llegó "fuego interno", cuando su socio Omar De Marchi presentó su proyecto de Gobierno para comandar Mendoza en el 2023, lo que llamó Agenda Mendocina para la Acción (AMA)

"Tenemos un déficit habitacional asombroso, y la provincia no ha puesto en su agenda de prioridades el tema de la vivienda. No solamente los recursos que pueda aportar para la construcción de vivienda social, sino encontrar los diferentes caminos y canales para que se pueda avanzar en la construcción de vivienda a través del sector privado. Por lo tanto en un próximo tiempo Mendoza tiene que rediscutir el funcionamiento del IPV", disparó De Marchi, en aquella presentación.

"No se puede paliar el déficit habitacional con un 7% de inflación mensual y sin créditos"

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La pandemia obligó a frenar la obra pública, y en Mendoza si bien no se frenó del todo se ralentizó notoriamente.

La pandemia obligó a frenar la obra pública, y en Mendoza si bien no se frenó del todo se ralentizó notoriamente.

La propuesta que lanzó Omar De Marchi de buscar canales para incentivar también la construcción de viviendas a través del sector privado, por estos días se encuentra de frente con el paredón de la inflación y la falta de créditos hipotecarios accesibles para la clase media.

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"A los coletazos de la pandemia hay que sumar que la obra privada está casi paralizada porque no se puede construir, ni pensar en paliar el déficit habitacional habiendo tenido un 7% de inflación mensual este año, porque los insumos crecen a ese ritmo y los salarios no. Además no hay crédito para esa persona de clase media, que por ingresos no podría pedir una vivienda social, pero a la par no puede construir por sí misma", resumió el titular de delegación local de la Cámara de la Construcción, Dalmiro Barbeito.

Para ese referente del sector empresario, algo de aquel déficit se podrá paliar con las viviendas que proyecta entregar el PROCREAR y el plan de vivienda Casa Propia en el 2023 en Mendoza.

"Son varios los planes nacionales que se están concretando en la provincia. Hay cerca de 1.300 casas en construcción del plan Casa Propia, a las que se sumarán las 526 del Procrear INV que se acordó hace días en Guaymallén, y otras 1.200 que se licitarán para otorgar en Ciudad, Maipú, Tunuyán, Santa Rosa y Lavalle", enumeró.

Barbeito admitió que hay algunas licitaciones de obras públicas que se frenan "porque la redeterminación de los contratos no sigue el ritmo de la inflación" y explicó: "cuando se hace esa redeterminación de los precios contratados se estipula un 20% más de lo que se pudo licitar, pero pasa que entre el tiempo de licitación y el de adjudicación aquella obra planificada cuesta 50 o 60% más, por lo que el desfasaje es grande".