Julio De Vido, precandidato a diputado nacional, solicitó salir de la cárcel de Marcos Paz y que le concedan la prisión domiciliaria. Reclama irse detenido a su chacra de Zárate, bajo palabra o con una tobillera electrónica con GPS que le permita moverse en un radio de 100 kilómetros.
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De Vido cumplirá 70 años el próximo 26 de diciembre, pero su defensa sostiene que ya está transitado esta edad. "Este razonamiento, tan lógico como comprobable, remite a que cumplidos los 69 años, es decir, el traspaso de un total de 25.185 días aproximadamente, comienza el recuento del año 70 de vida, momento en el cual nos encontramos", sostuvo la defensa.
Por ende, advierten que le corresponde el beneficio que le concede la ley a los reclusos de esa edad.
Pero si ese argumento no fuese de por sí suficiente, sostiene el ex ministro que debería concederse la prisión domiciliaria por razones humanitarias: es insulinodependiente, padece hipertensión arterial y enfermedad vascular coronaria, además de úlceras y un nódulo en el pulmón y en prisión -se asegura- su cuadro se ha deteriorado.
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El artículo 32 de la ley 24660 establece que el juez "podrá disponer" la domiciliaria, en ciertos casos, entre los que aparecen los enfermos que no puedan ser tratados debidamente o los que tengan más de 70 años.
Entre la batería de argumentos de la defensa de De Vido apareció incluso la jurisprudencia de la Corte Suprema que le otorgó la prisión domiciliaria a un preso de lesa humanidad en 2017 porque más allá de la "barbarie" que se cometió en la dictadura el Estado se debe garantizar "la imparcialidad en la aplicación de las leyes".
Bonadio ya rechazó el pedido de prisión domiciliaria para De Vido, pero ahora el tema será debatido en la Cámara Federal. Aquí se abre entonces un interrogante en medio de la feria judicial de invierno: uno de los jueces que se encuentra ahora en ese tribunal es Martín Irurzun, el camarista que dio el voto clave para que De Vido fuera encarcelado en octubre de 2017 tras perder los fueros parlamentarios.
En julio de 2017, el fiscal Carlos Stornelli -también interviene en la causa de los cuadernos- reclamaba su detención en la causa por una malversación de fondos en la causa Río Turbio y, aunque el juez Luis Rodríguez la había rechazado, el fallo de la Cámara Federal que se dio en llamar "la doctrina Irurzun" avaló el arresto en base a la peligrosidad que podían implicar los vínculos residuales de poder en la comisión de Energía de la Cámara baja.
De Vido sigue preso por esta causa, a raíz de lo cual su aspiración de prisión domiciliaria también debería tener el "okey" de Rodríguez –que todavía no la elevó a juicio oral-.
La condena por la tragedia de Once -en la que recibió cinco años y ocho meses por administración fraudulenta de los ferrocarriles (no por las muertes)- no está firme y ahí el ex funcionario no tiene prisión preventiva.