Cristian Larsen, presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), afirmó que el activista Federico Soria, que está en contra de la minería contaminante, es empleado del Estado nacional, fue sumariado y será “echado lo más rápido posible”. El ambientalista, que está acusado de ocasionar graves incidentes en Uspallata, emitió su descargo.
Federico Soria, el activista anti- minería contaminante que estuvo detenido tras los incidentes en Uspallata.
Soria está imputado por coerción ideológica y amenazas coactivas agravadas relacionados con los hechos de violencia sucedidos el pasado 24 de enero, durante la inauguración de una sede de proveedores mineros en Uspallata, donde el proyecto PSJ Cobre Mendocino busca aprobación de impacto ambiental para explotar.
El activista permaneció prófugo desde entonces, hasta que el 31 de marzo se presentó personalmente ante la Justicia.
Finalmente, la semana pasada fue liberado junto a Mauricio Cornejo porque la jueza se declaró incompetente y la causa pasó al fuero federal.
Soria enfrenta inconvenientes laborales tras la marcha en contra de la minería
En diálogo con radio Nihuil, el funcionario Cristian Larsen informó que Soria es empleado de Parques Nacionales desde 2007 y que en 2016 concursó por un cargo en el Parque Nacional El Leoncito, en Calingasta, San Juan.
“Después de que él gana el cargo y empieza a trabajar, en el 2023 plantea licencias psiquiátricas de un largo tratamiento. Hace dos años que cobra sin trabajar, obviamente con la ayuda de médicos que conceden este tipo de licencias a mansalva, sin ningún miramiento”, se quejó el presidente de la APN.
Según dijo, Soria presenta certificados de médicos psicólogos particulares donde le prescriben licencia por largo tratamiento por ataques de pánico “porque dice él dice que si vive en Mendoza no puede ir a trabajar a El Leoncito”.
Pero, despotricó el funcionario: "Fue él el que concursó para el Parque Nacional El Leoncito. Y hay un médico que le concede las licencias en varias oportunidades”.
Empleado de planta permanente de Parques Nacionales
Larsen refiere que Soria es empleado de planta permanente y que cada vez que se le termina la licencia se presenta un “par de días” a trabajar y después vuelve a pedirla. "Está muy bien asesorado”, dice.
Pero de todas formas, entienden desde la Administración de Parques Nacionales, está burlando la ley por lo que a fines de diciembre del 2024 iniciaron un sumario en su contra. “Lo vamos a echar lo más rápido que podamos, cumpliendo todos los plazos procesales”, expresó el funcionario de Javier Milei.
Según dijo, "en el sumario se le dan todos los derechos constitucionales a defenderse y a plantear todos los recursos que pretenda”, pero creen que estarían dadas las condiciones para la cesantía porque el 24 de enero, mismo día en el que se produjeron los incidentes en Uspallata, una junta médica le otorgó el alta.
"Él tenía que volver a trabajar a El Leoncito. ¿Y qué hizo? Por cuatro días no fue a trabajar pero al quinto sí; estuvo una hora y llamó a un médico porque teóricamente estaba sufriendo un ataque de pánico. Vino un médico y le volvió a extender una licencia por tres meses más”, explicó Larsen y agregó que, según las normas laborales, cuando pasan cinco días sin que una persona asista a su trabajo, se considera abandono y puede proceder la sanción; y que es por eso que Soria se presentó al quinto día y se manifestó enfermo ya estando en el lugar.
“Es llamativo porque es el mismo día que le dan de alta fue la manifestación con violencia en Uspallata. Nosotros estamos convencidos de que Soria es lisa y llanamente un delincuente que abusa de los beneficios del Estado para cometer actos ilícitos. Mientras no va a trabajar, comete un acto de vandalismo en Mendoza”, se quejó el funcionario nacional.
Y agregó: “Acá hay un tema político de fondo, se está oponiendo a un acto de gobierno de minería sustentable y sé que, en el último episodio, incluso tiró una bomba molotov y a una persona menor de edad se le quemó el cabello. Son personas peligrosas y estamos haciendo todo lo necesario desde el organismo para echarlo”.
El descargo de Soria: “Años de persecución”
Diario UNO se comunicó con Federico Soria, quien después de las declaraciones públicas del presidente de Parques Nacionales, prefirió no declarar en la audiencia de su sumario, entendiendo que ya medió prejuzgamiento por parte de Larsen.
“Esto se da dentro de un marco de persecución que lleva muchos años”, expresó el ambientalista que asegura no estar en contra de la minería sino solo de la “contaminante”.
Por lo que cuenta, fue a partir de esa lucha que comenzó a sufrir complicaciones laborales.
Respecto de la seguidilla de licencias psiquiátricas que pidió y que Parques Nacionales cuestiona como “abusiva”, Soria detalló que sus crisis de ansiedad comenzaron en 2023, como consecuencia de una mala relación con Ariel Quiroga, principal responsable del Parque El Leoncito.
“Fue en septiembre de 2022 que me quitaron todos los beneficios que tenía en el empleo. Solo a mi, no al resto de mis compañeros: internet, traslado desde el domicilio hasta el parque, pedidos de licencia fuera de término y hasta la posibilidad de ascensos”, explicó.
Para evitar enfrentamientos, pidió el traslado a Uspallata, donde tiene su asiento de vida y podría cumplir sus horas de trabajo en la Reserva. Tanto ese traslado como una posible adscripción fueron denegadas por Parques Nacionales, lo que, según contó, le generó esas crisis.
Desde entonces, su médico y la Junta –que está en Buenos Aires- le fueron renovando las licencias hasta este febrero, post incidentes por la minería en Uspallata.
“Me levantaron la licencia pero con la recomendación de volver a trabajar en Uspallata, no en el ambiente laboral de El Leoncito”, contó el ambientalista. Sin embargo, debió presentarse en el parque sanjuanino. “El 5 de febrero volví y me hicieron un vacío. Me dio un ataque de pánico y acabé internado en Barreal. Me dieron nuevamente licencia por un mes pero después de ello no volvió a constituirse la Junta Médica en Buenos Aires y quedé en un limbo”, dijo Soria.
“Ni siquiera estoy en el registro de asistencias, ni como presente ni como ausente, pero al sueldo lo sigo cobrando completo”, explicó. Mientras tanto, enfrenta no solo el sumario en sede administrativa sino también la causa judicial por coerción ideológica y amenazas coactivas agravadas relacionadas a la marcha anti-minería.