Un diputado nacional del PRO planteó penar el uso de celulares en las cárceles, algo que rige por ley
El proyecto del legislador del PRO propone penar con 1 a 3 años de prisión efectiva, a cualquiera que introdujera o hiciera introducir a los establecimientos penitenciarios, dispositivos de comunicación móvil o celulares, partes de ellos, chips telefónicos u objetos no autorizados
Por UNO
El uso de celulares en las cárceles ya está prohibido por ley. En Mendoza se habilitó su uso en la época de la pandemia.
El diputado nacional del PRO, Álvaro Martínez, presentó este miércoles un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación, que busca modificar el Código Penal e introducir como una falta con condena penitenciaria, a aquellos que introdujeran o hicieran introducir celulares a las cárceles, que permitieran la comunicación con el exterior. Además busca penar su uso en el contexto de encierro, lo que ya rige por ley.
Precisamente, en el 2012 en Mendoza y en el 2017 en todo el país se aprobó la ley que prohíbe las salidas anticipadas y el uso de celulares en los penales. Ambas leyes son de autoría del ex legislador Luis Petri (UCR, actual precandidato a gobernador de Cambia Mendoza.
Petri se volvió a manifestar en contra del empleo de celulares en los sistemas carcelarios luego de que en Mendoza se pusiera en la mesa de debate el tema. Desde el Ministerio Público Fiscal se planteó que la norma nacional tiene buenas intenciones pero es de imposible ejecución, porque no hay posibilidad de controles exhaustivos para evitar, por ejemplo, el tráfico de celulares, chips y datos dentro de los pabellones.
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El diputado del PRO, Álvaro Martínez, presentó este miércoles su iniciativa en el Congreso para regular la utilización de celulares en las cárceles. Sin embargo, su empleo ya está penado por ley a nivel nacional.
La idea del PRO para frenar el uso de celulares en los penales
La iniciativa de Martínez propone penar con 1 a 3 años de prisión efectiva, a toda aquella persona que introdujera o hiciera introducir a los establecimientos penitenciarios o lugar donde se encuentre alojado un detenido o internado, dispositivos de comunicación móvil o celulares, partes de ellos, chips telefónicos u objetos no autorizados tecnológicos que permitan comunicación con el exterior.
Además, el proyecto establece que aquellos internos que actualmente tengan posesión de equipos móviles y dispositivos de comunicación, sean sancionados con una pena de 2 a 5 años de prisión. Al mismo tiempo, tendrán prohibido ingresar al régimen de libertad asistida.
Al respecto, Álvaro Martínez aseguró, quizás sin tener en cuenta la legislación nacional que ya rige desde cinco años: "Con este proyecto, buscamos tipificar un nuevo delito como la tenencia de dispositivos móviles por parte de los presos. Esto surge después de conocer la realidad de que, dentro del penal, la conectividad les permite seguir orquestando actividades delictivas, el ejemplo más claro es lo que sucede en Rosario”.
“Entendemos nosotros que una de las medidas para combatir este tipo de delitos, que se organizan desde adentro de las cárceles, es prohibir el uso desmedido de los dispositivos móviles”, concluyó Martínez.
