Análisis y opinión

Tres años de Suarez y la certeza de que acordar no es debilidad política, máxime en la minería

Tres proyectos mineros que no contradicen la restrictiva Ley 7722 podrían equilibrar los malos ratos de Rodolfo Suarez con la minería

¿Qué tiene de interesante la noticia siendo que se dilata su aprobación? Simple. Que lo que se busca es mejorar las tratativas con la oposición para que se pueda llegar, sin tormentas, al tratamiento en el recinto legislativo. Una necesaria muestra de plasticidad política, máxime en un rubro como la minería que tantos malos ratos le ha dejado a Suarez.

Cerro Amarillo es un proyecto que está dentro de lo que permite la restrictiva Ley 7722, es decir que no usa ni usará para la explotación ninguna de las sustancias que prohibe esa norma. De concretarse, será el primer proyecto que le permitirá a Suarez poner en marcha planes mineros sustentables que favorezcan la generación de empleo genuino.

En las gateras esperan otros dos proyectos que no contradicen la 7722, el de potasio Río Colorado y el de Hierro Indio, ambos en Malargüe y que en conjunto podrían abrir un panorama prometedor para devolverle vigor a la economía provincial.

La tarea de precocinar acuerdos políticos ante obras como las citadas es fundamental. Es parte del juego de toma y daca entre oficialismo y oposición. La negociación política es un arte complicado. Por eso es tan difícil encontrar operadores habilidosos en esa materia. Después de varios contratiempos de gestión, Suarez lo ha entendido y ahora busca practicarlo como norma.

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Rodolfo Suarez busca consensos para llevar adelante tres proyectos mineros.

Rodolfo Suarez busca consensos para llevar adelante tres proyectos mineros.

La marca capitalina

Hagamos un poco de revisión para entender algunas cosas. Desde el retorno a la democracia todos los intendentes de la Ciudad de Mendoza (cantera de la que viene Rodolfo Suarez) han sido radicales con mayoría propia en el Concejo Deliberante. Casi no han debido lidiar con la oposición.

Diríase que ello ha transformado a los jefes comunales de la Ciudad de Mendoza en políticos un tanto remolones para el debate y la negociación. Es que varios se acostumbraron a que nadie los contradijera y a que el Concejo Deliberante fuera como una escribanía donde se certificaban las decisiones del Ejecutivo.

Está claro, sin embargo, que casi todos esos intendentes han dejado una marca de gestiones eficientes y de ausencia de escándalos vinculados con corruptelas.

A Rodolfo Suárez no le resultó fácil procesar el paso desde esa intendencia a la Casa de Gobierno. La Provincia es otro mundo. Pero lo ha superado, a pesar del mazazo que significó que a los pocos días de asumir tuviera que anular, por la presión de ambientalistas ultras, la primera ley que este mandatario había enviado a la Legislatura para reabrir la actividad minera, frizada por la Ley 2277 que se votó durante la gobernación de Julio Cobos, y que ahuyentó a los inversores y paralizó cualquier proyecto minero.

La nueva norma N° 9209, que fijaba una minería sustentable a la manera de la que existe en países adelantados, incluía entre otras cosas la creación de una policía minera. Fue aprobada por el oficialismo de Cambia Mendoza y por la oposición del Frente de Todos. A los pocos días de promulgada fue anulada por ambos sectores políticos como fruto de un peligroso ejercicio de democracia directa de los grupos de presión que ganaron las calles con escaso pacifismo y excesiva ideología de manual.

¡Un operador ahí!

El gabinete de Suarez incluyó desde su asunción a buenos técnicos, pero le faltó un mejor accionar de operadores políticos. Estos últimos son un engranaje imprescindible en cualquier gestión. Les toca realizar tareas de hormiga, por lo general lejos de los reflectores y las cámaras.

El operador explora los vericuetos de la actividad partidaria. Debe conocer las tramoyas de la oposición y no hacerle asco a una tarea constante de negociación. Tiene que saber parlamentar, ceder cuando es necesario, portar una picardía productiva y no caer en la trampa del enojo fácil.

Muchas veces no es necesario que ese tipo de gente esté en cargos formales de alta exposición. El operador debe asumirse como el asesor más necesario, sobre todo porque no teme embarrarse. Muchas veces el político más formal cae en el envaramiento, con actitudes rígidas y siempre a la defensiva, o es víctima de una imagen congelada que se ha formado de sí mismo.

En cambio el operador político tiene la obligación de ser más dúctil, lo cual no quiere decir más superficial. Debe conocer muy bien cuáles son las premisas del gobierno que representa y las líneas directrices que debe defender. Y similar sapiencia y habilidad debe demostrar en su relación con la oposición.

Consenso, ¿mala palabra?

En el caso de Suarez los golpes sufridos no fueron sólo con la minería. El Gobierno cajoneó su proyecto de nueva Ley de Educación ante los embates del gremio docente, pero también ante la evidencia de que no había sido convenientemente consensuado. Asimismo cometió algunos errores al tratar de hacer valer su mayoría en las cámaras legislativas, por ejemplo con su reiterada negativa a que los ministros concurrieran a dar el debate sobre temas legislativos relacionados con la seguridad y la salud.

No habían pasado tres meses de gestión de Suarez cuando la pandemia de covid empañó la cotidianidad del mundo. Todavía el gobernador rumiaba el paso en falso que le significó el proyecto de actualización minera. Mendoza había alcanzado a realizar la Fiesta Nacional de la Vendimia de 2020 y luego todo empezó a meterse bajo un caparazón.

Todo ese año y buena parte del 2021 las decisiones políticas tuvieron como centro la lucha contra el covid y contra ciertas decisiones que tomaba el presidente Alberto Fernández que afectaban la actividad económica, y de otras que demoraban la llegada de las vacunas por absurdos ideologismos. Eso fue un acierto de Suarez porque tuvo la habilidad de discrepar dejando en claro que no buscaba afectar la institucionalidad presidencial.

En síntesis: hoy Suarez tiene la certeza de que pactar no es una claudicación y de que a veces se retrocede para poder avanzar con más fuerza. El piñón que le dieron apenas asumió y que lo obligó a tomar una de las decisiones más polémicas que se recuerde en la política provincial (derogar una ley que había sido votada por el oficialismo y la oposición peronista "para salvar la paz social") más los los otros golpes que recibió por los avatares de la gobernabilidad en épocas de crisis, parece estar compensándolo. En días más cumplirá tres años en el Barrio Cívico y su imagen positiva entre la ciudadanía mantiene muy buenos estándares de aprobación.

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