Las modificaciones propuestas a la Ley 7.722 serán tratadas y, problablemente aprobadas, este viernes en la Legislatura provincial luego de que el oficialismo aceptara las exigencias del justicialismo. Durante la mañana sesionará el Senado y por la tarde lo hará Diputados.
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La iniciativa se debatirá a partir de las 8.30 en una sesión especial en la Cámara de Senadores y por la tarde será el turno del tratamiento en la Cámara de Diputados a partir de las 14.
Este jueves comenzó una serie de actividades en la plaza Independencia convocada por la Asamblea Popular por el Agua que ha convocado a distintas organizaciones para manifestarse en contra de las modificaciones a la ley. También se movilizarán sectores que están a favor.
En la previa de la reunión de este jueves, el presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Marcelo Rubio detalló ante los periodistas: "Las Comisiones de Ambiente, Hidrocarburos y LAC trabajaron en conjunto con relación a este tema. Se han ido incorporando distintos propuestas durante el debate”, expuso el legislador.
Rubio además indicó que la ley pasa de ser prohibitiva a ser fiscalizadora y se crea una Policía Ambiental y una Bicameral de Control. “Hay que fiscalizar por parte del Estado con una gran responsabilidad y con un Estado ordenado como el que tenemos, este Estado lo puede hacer”, dijo.
Rolando Baldasso indicó que el borrador refleja las modificaciones planteadas por el Partido Justicialista en cuanto a los controles ambientales y que sean los municipios los que deban brindar su aval para que se desarrollen los proyectos mineros. También indicó que se mantienen los controles ambientales con auditorías internacionales.
Lo que se votará
El peronismo y Cambia Mendoza acordaron cómo quedará el proyecto para modificar la Ley 7.722 que se votará, con casi segura aprobación, este viernes.
Entre los puntos principales del despacho final sobresale el artículo 1 que acota la prohibición de sustancias a usarse a solamente el mercurio.
Asimismo establece que el control de la actividad minera se realizará a través de las siguientes leyes nacionales: 25.675 (Ley Nacional de Ambiente), 24.585 (Ley de Actividad Minera) y Ley Nacional 26.639 (Preservación de Glaciares). También de las leyes provinciales de Preservación del Medioambiente (5.961), Residuos Peligrosos (5.917), Ordenamiento Territorial (8.999) y Plan de Ordenamiento Territorial (8.051) ley provincial 6.045 (Protección de Áreas Naturales). Y de los artículos constitucionales 124 ( Constitución Nacional) y artículo 1 (Constitución Provincial).
En cuanto a la utilización de sustancias, quedará reducida a la cantidad permitida en la República Argentina.
Asimismo, en su artículo 3 se establece que los proyectos mineros deberán presentar en su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) informes del Departamento General de Irrigación, informes sectoriales municipales, del IANIGLA y manifestación específica de Impacto Ambiental sobre los recursos hídricos.
En el cuarto artículo se incorpora uno de los pedidos del PJ: la participación ciudadana en el control ambiental se dará por la Red de Vigilancia Ambiental.
También prevé que el organismo de aplicación sea la Secretaría de Ambiente que deberá implementar la Policía Ambiental. Este fue otro de los pedidos del justicialismo. Se establece también que las audiencias públicas las harán los municipios.
Finalmente se obliga a las mineras a contratar un seguro ambiental a favor de la provincia y mano de obra local y se ordena que los proyectos mineros a gran escala deberán contratar auditorías internacionales
El proyecto final
Según el legislador del FIT, Lautaro Jiménez, la demora en la firma del despacho tuvo que ver con una discusión por las regalías: qué porcentaje quedaría para los municipios y cuánto para la provincia, como también para qué se utilizarían.
Sobre este punto, Jiménez aseveró que no se acotará su inversión a la impermeabilización de los cauces de riego, sino que también se podrán usar para obra pública municipal.