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Cuando termine la pandemia el Gobierno prevé el Ingreso Básico Universal para 3 millones de personas

El Gobierno nacional analiza cambiar el Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000 (IFE) que abona a más de 9 millones de personas que perdieron sus ingresos a raíz de la caída de la actividad económica por la pandemia, por un nuevo plan que incluiría un Ingreso Básico Universal. Este beneficio alcanzaría a unas 3 millones de personas que no podrían retomar la actividad cuando termine la cuarentena.

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"El ingreso base es un tema que está en estudio", dijo el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, según confirmaron fuentes cercanas, luego de que el tema sea anunciado por el propio presidente Alberto Fernández.

Sin embargo, aún no está definido el monto que se abonará a cada beneficiario, ni la fecha en que comenzará a implementarse. Será un tema que analizará el Comité de Emergencia y el Gabinete económico en los próximos días en la Casa Rosada.

Según precisó Arroyo, "este ingreso es parte del camino de salida de la crisis generada por la pandemia, que tiene tres ejes: el plan Potenciar Trabajo, el ingreso de base y la urbanización de barrios, villas y asentamientos (hay 4 mil en todos el país)".

"Este ingreso alcanzaría a 3 millones de personas que son las que están en situación de alta vulnerabilidad”, agregó el ministro e indicó que la idea es que el ingreso tenga un trabajo como contraprestación que puede ser en planes de obras públicas, infraestructura, mantenimiento, etc.

¿A quién alcanzaría el futuro beneficio?

Según se pudo saber, el futuro ingreso universal, de aplicarse en los próximos meses, sería abonado por lo menos durante dos años, hasta que se reactive la actividad económica del país, indicó A24.com.

El plan es similar a los subsidios que, a raíz de la pandemia, ya abonan otros países como España o Estados Unidos (U$S1200) a quienes han perdido todos sus ingresos a raíz de la pandemia de coronavirus.

Se trata de una propuesta impulsada, además, desde el Vaticano y que el Gobierno de Alberto Fernández toma como base para contener la crisis económica y social que dejará la cuarentena.

Al comienzo de la cuarentena, el Gobierno instrumentó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que alcanza a casi 9 millones de personas.

Este bono de $10.000 ya va por la segunda tanda y el gobierno está definiendo si habrá una tercera y qué alcance tendrá.

"El IFE es un instrumento transitorio, en cambio el ingreso universal que estamos pensando no será por unos meses sino por varios años", sostuvo Arroyo.

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Según indicaron fuentes oficiales, "esos 3 millones de personas surgen de los 9 millones que cobran IFE". Consideran que "una parte de quienes cobran IFE reingresarán al mercado laboral".

Cerca de Arroyo adelantaron que de confirmarse, "el ingreso de base coexistirá con la Asignación Universal por Hijo (AUH), que es parte del sistema de la seguridad social (para quienes no tienen trabajo registrado)".

De este modo, quienes accedan al ingreso universal también seguirán recibiendo la AUH, que hoy es de $3.102. 

Respecto de los posibles beneficiarios el funcionario apuntó que entre los 9 millones que cobran IFE hoy "hay tres millones están en situación de alta vulnerabilidad", que serían quienes percibirían esta nueva ayuda.

"Sabemos que cuando la pandemia termine una parte de quienes hoy tienen IFE reingresarán al mercado laboral", afirmó.

El ministro Arroyo agregó que "se está evaluando si ingreso se aplicará por familia o por persona. Es una forma de garantizar derechos y, al mismo tiempo, de promover el consumo para reactivar la producción y la economía".

"Lo que estaría claro es que hay que tener una política para ese sector de trabajadores que están en situación de mayor vulnerabilidad. Las formas, el cómo y cuánto debe definirse aún", indicaron desde el Ministerio de Desarrollo Social.

Crece la red de asistencia

Para Arroyo, la Argentina ya está preparada para instrumentar el ingreso universal porque a partir del IFE se armó una gran base de datos acerca de la emergencia social.

"En la prepandemia la asistencia alimentaria por parte del estado llegaba a 8 millones de personas. Ahora pasamos a 11 millones. Entre los que reciben esa asistencia hay 4 grupos: los pobres estructurales; los que hacían changas y ahora se quedaron sin ingresos; los que tenían un trabajo informal integrado pero con la pandemia los ingresos les cayeron a cero; y los que tienen trabajo formal con ingresos muy bajos", sostuvo el ministro.

Con el crecimiento de la demanda, el refuerzo alimentario pasó de $5.000 millones por mes a $14.000 millones.

Dentro de este paquete de asistencia está la compra 12 millones de kilos de alimentos por mes para asistir a comedores, la transferencia de $1.500 millones a provincias y municipios y la Tarjeta Alimentar, que llega a 1,5 millones de familias y se carga todos los meses, con un impacto fiscal de $7.500 millones.

Además del proyecto de ingreso universal, el ministerio también planea apuntar a la creación de empleo.

El plan Potenciar Trabajo cuenta actualmente con 580.000 beneficiarios y cinco sectores que van a generar mano de obra intensiva en el 40% del estrato más pobre: construcción, producción de alimentos, producción textil, cuidado y atención de personas y el reciclado.

"Apuntamos a articular con el sector privado para crear empleo. Ahora quienes participan de este plan contraprestan con 4 horas de trabajo, pero si los contratan para trabajar por 8 horas tienen que completar el ingreso por al menos hasta llegar al salario mínimo", comentó.

La otra pata a la que apunta Arroyo es avanzar en la urbanización de los 4.000 asentamientos que hay en el país en los que viven 4 millones de personas.

"Para bajar la pobreza es clave universalizar el acceso a los servicios. No se va a hacer en un año ni en dos, va a llevar tiempo, pero es esencial avanzar también con eso", indicó el ministro.

Esto fue analizado este lunes durante un nuevo encuentro del Consejo Federal de Desarrollo Social (Cofedeso), que encabezó de manera virtual el ministro Arroyo, acompañado por la secretaria de Articulación de Política Social, Erika Roffler y que reunió a sus pares de Chaco, Entre Ríos, Misiones, Jujuy, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Salta, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Córdoba, Corrientes, Formosa, Tucumán, La Pampa, Río Negro, La Rioja, San Luis, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.

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