-¿Viste que el gobernador le ha regalado una pila de hectáreas a unos tipos para que hagan un centro de esquí al sur de Malargüe, en la cordillera?
Análisis y opinión
Suarez debería ser muy didáctico ante las movidas contra el plan turístico de El Azufre
El fiscal de Estado de Mendoza ha dicho que "no existe ninguna objeción jurídica que realizar" sobre la asignación de tierras fiscales en una zona de frontera de Malargüe para un centro de esquí
-Sí, además dicen que están echando del lugar a puesteros que llevaban varios años en la zona.
Escuché esa conversación -textual- en la cola frente a las cajas de un supermercado. Al otro día, un amigo me mostró una seguidilla de wasaps y de otros tipos de mensajes que le habían llegado al celular a través de personas vinculadas al ambiente artístico.
En ellos, ambientalistas, representantes del peronismo y sectores de la izquierda llamaban a denunciar el atropello a las leyes que estaría cometiendo el Gobierno de Mendoza con una cesión de tierras en el paraje El Azufre para un emprendimiento de turismo invernal.
Viralizadas con rapidez, las denuncias aseguraban que ese proyecto empresarial iba a afectar una zona de glaciares y de nacientes de agua, y que el Ejecutivo provincial había dado vía libre a los trabajos sin cumplir con pasos previos esenciales como los estudios de impacto ambiental y la realización de una audiencia pública.
Además del gobernador, los dardos apuntaron contra los tres empresarios que están al frente de El Azufre S.A: (Alejandro Spinello, José Beccar Varela y Daniel Nofal) quienes vienen realizando labores en esa zona desde hace varios años, que debieron ralentizar por la pandemia, y que ahora han retomado para abrir en junio la primera parte.
Habló el fiscal
Llamó la atención que el Gobierno de Rodolfo Suarez no hubiese salido con rapidez a aclarar cómo es éste asunto y a dar la versión oficial de la asignación de tierras -posibilidad que está prevista por ley- al grupo empresario que está armando el citado centro de esquí.
Tal vez hayan estado a la espera de la noticia que llegó este lunes 7 de febrero a través del fiscal de Estado de la Provincia de Mendoza, Fernando Simón.
Dicho funcionario extrapoder y que además es el defensor del ambiente, dictaminó sobre este particular que "no existen objeciones jurídicas que formular" con respecto a la asignación de tierras en El Azufre para un centro de esquí, ya que ese proyecto "cumple con los requisitos legales y con los fines establecidos en un convenio que firmó la Provincia con la Nación para este tipo de cesiones en 1991, por lo que es "viable" la adjudicación.
Las tierras fiscales de El Azufre fueron transferidas por la Nación a Mendoza en 1969 para que la provincia tuviera la potestad de entregarlas, bajo condiciones especiales, que propendiera a asentar habitantes en zonas fronterizas y a generar proyectos privados y creación de empleos. Fue durante el gobierno de un peronista (José Octavio Bordón) que se convino con la Nación “la asignación de tierras a quienes estén radicados en la zona, especialmente si han realizado inversiones”.
Frutos amargos
Suarez ya probó los frutos amargos del ambientalismo extremo cuando, recién asumido, tuvo que dar marcha atrás con una ley aprobada por radicales y peronistas, la 9209, que derogaba la llamada Ley antiminera 7722 y abría la minería bajo estrictos controles, al punto que creaba una policía minera para hacer un seguimiento de todos los proyectos del rubro, como tienen los países más adelantados que combinan defensa del ambiente con desarrollo sustentable de la esa actividad.
El proyecto de El Azufre fue presentado en noviembre de 2019 al entonces gobernador Alfredo Cornejo, en presencia también del que ya era gobernador electo, Rodolfo Suarez. Fue anunciado como un proyecto "totalmente sustentable" que va a producir sus propios servicios mediante energía solar, eólica e hidroeléctrica.
Prevé una inversión inicial de 88 millones de dólares que luego subirá hasta los 250 millones de dólares con la construcción de 8 hoteles (2.300 camas), 1.500 hectáreas de pistas pisadas, viviendas particulares y la plantación de millares de pinos, cipreses y álamos. Y, claro, la generación de muchísimos puestos de trabajo: 1.000 en forma directa.
Poco rigor
Visto el poco rigor con que un sector del ambientalismo suele militar estos temas, de los que se cuelga la izquierda plagándolos de consignas e ideologismo, así como el peronismo cuando le conviene, es que el Gobierno debería reforzar la decisión del fiscal de Estado contestando todos los puntos rebatibles, esos que hoy andan viralizados en las redes sociales y generando dudas.
La administración Suarez debería ser muy didáctica en este asunto y explicar -sin dejar dudas- que lo realizado es una asignación de terrenos fiscales para favorecer la creación de empleo, la expansión del turismo y la radicación de personas en una zona fronteriza, todas decisiones que están avaladas por leyes nacionales.
Un ítem que el Ejecutivo debería dejar particularmente bien explicado ante la ciudadanía es cuál es la situación de los puesteros, la cantidad que habitan hoy El Azufre, y qué otros tipos de controles se han dispuesto ante el avance de los trabajos. Y sobre todo aclarar por qué no se han realizado trabajos de impacto ambiental y la audiencia pública, que en este caso no serían obligatorios.