La Sociedad Rural del Valle de Uco, presidida por Mario Leiva, denunció a varias bodegas de la zona en la Dirección de Lealtad Comercial del Ministerio de Producción de la Nación.
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Según marcó Leiva en la acusación, el costo de la uva en 2019 estuvo entre un 6% o 7% por debajo del año pasado y las bodegas incumplieron contratos al financiar los pagos a plazos cada vez más largos y encima sin ninguna actualización. Eso lleva a los productores a quebrar.
"En la zona hay muchos productores que aún no cobran la vendimia del anteaño pasado porque las bodegas no pagan. Entonces alguien que no cobró ese año, ni el año pasado ¿con qué plata termina su trabajo?. Ahora ellos sí deben pagar la responsabilidad gremia y las altas cuotas de Irrigación" describió Leiva.
En el detalle de la denuncia por la que varias bodegas deberán presentarse ante la Justicia, consta que los compradores de uva o de productos vitivinícolas no sólo bajaron los precios, sino que dilataron los plazos de pago. Eso hace que quien elabore por cuenta de terceros cobre el primer cheque en septiembre, cuando la cosecha fue en marzo, y el esquema de pago se estira tanto que termina de cobrar en junio del próximo año.
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Otro de los casos que precisa es el de una gran cooperativa vitivinícola que paga en 12 cuotas ajustables en función de cómo se comporta el precio en el mercado del traslado con tendencia a la baja hace más de 2 años.
"Eso con una inflación del 50% y una devaluación del 80% es imposible de sostener. Por eso la única herramienta jurídica que tiene el productor agropecuario de la producción primaria es el Código de Comercio en los artículos 10, 11 y 12 que rige en todo el país. Ahí entra la defensa de la competencia. Por eso vamos a usar esas herramientas pero le vamos a exigir al Ejecutivo provincial que siente en una mesa al bodeguero y al productor a discutir el precio", adelantó Leiva respecto de las exigencias que le llevarán al próximo gobernador, Rodolfo Suarez.