Ya es ley

Senadores aprobaron por unanimidad destinar fondos de herencias vacantes a infraestructura escolar

El proyecto del ministro Tadeo García Zalazar se transformó en ley. El Fondo Escolar Permanente se formará con los recursos provenientes de herencias vacantes

La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó por unanimidad el proyecto de ley del ministro de Educación Tadeo García Zalazar que establece la creación de un Fondo Escolar Permanente, tendiente a compensar la falta de recursos para obras de infraestructura en las escuelas de la provincia.

Según explicó la senadora Ángela Floridia, presidenta de la Comisión de Hacienda, la iniciativa tiene su fundamento en el artículo 212 inciso 11 de la Constitución Provincial, que establece que se "formará un fondo permanente de las escuelas... para la adquisición de terrenos y construcción de edificios para escuelas. La base de este fondo permanente será del 50% del arrendamiento de las tierras públicas y de los demás recursos que a este objeto determine la ley".

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La senadora Ángela Floridia, presidenta de la Comisión de Hacienda.

La senadora Ángela Floridia, presidenta de la Comisión de Hacienda.

Acuerdo de todos los partidos pero con críticas al artículo 7

"Es muy importante entender que estas medidas ayudan a la creación de políticas de Estado que abordan problemáticas cruciales como la educación, columna vertebral de la sociedad", afirmó Floridia durante la sesión en la que se aprobó el proyecto.

El objetivo de la iniciativa es establecer una asignación específica para fortalecer la infraestructura escolar. Esto se logrará mediante la enajenación, disposición o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, así como de fondos de activos financieros que pueden surgir de herencias vacantes.

La senadora mencionó la figura del denunciante de herencias vacantes, reconocida en el artículo 336 bis del Código Procesal Civil provincial, quien será recompensado por su colaboración.

"De esta manera, se compromete a la ciudadanía y a las entidades públicas y privadas en el sostenimiento del sistema educativo", agregó.

La senadora Adriana Cano, del bloque justicialista, y el senador Germán Vicchi de la Unión Mendocina expresaron su disconformidad con el artículo 7 del proyecto.

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Adriana Cano, jefa de bloque del Partido Justicialista en el Senado.

Adriana Cano, jefa de bloque del Partido Justicialista en el Senado.

"No vamos a acompañar el artículo 7", dejaron asentado ambos bloques. En él, se establece que se "deberá instrumentar un mecanismo a efectos de que las entidades bancarias y financieras proporcionen informacion de aquellos titulares fallecidos con cuentas bancarias que hayan permanecido inactivas por períodos superiores a seis meses de producido el deceso".

Además, ese artículo prevé que "los proveedores de servicios de cajas de seguridad de la provincia deberán notificar a la DGE".

"Nos parece una invasión a la propiedad privada y un apuro respecto a los herederos para abrir una sucesión", opinó Vicchi.

Cómo se constituye este fondo escolar

El Fondo Escolar Permanente se constituirá a partir de los recursos generados por la venta, disposición y/o arrendamiento de bienes inmuebles y muebles, tanto registrables como no registrables, así como activos financieros provenientes de herencias vacantes o donaciones. Estos recursos serán gestionados por la DGE y se utilizarán exclusivamente para generar ingresos destinados a la adquisición de terrenos, construcción, reparación, mantenimiento y equipamiento de edificios escolares en toda la provincia.

Además, el fondo podrá recibir ingresos provenientes de empréstitos con el fin de fortalecerlo y mejorar la infraestructura educativa, utilizando bienes pertenecientes al fondo como garantía. La normativa también prevé la creación de un Registro de Bienes del Fondo Escolar Permanente, que individualizará los inmuebles y otros bienes que se incorporen al patrimonio de la DGE.

La DGE estará facultada para enajenar, arrendar y/o disponer de los bienes mencionados de forma directa, mediante licitaciones de ofertas o subastas públicas. En caso de que los inmuebles estén ocupados, este organismo deberá notificar a los ocupantes para que desocupen el inmueble en un plazo de cinco días. Si no se cumple con este requerimiento, se iniciará un proceso judicial para solicitar el desalojo conforme a las normas del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario.

La normativa obliga a las entidades bancarias y financieras a identificar a los titulares fallecidos de cuentas inactivas por más de seis meses, y a los proveedores de servicios de cajas de seguridad a notificar a la DGE simultáneamente con la notificación que efectúan al usuario.

El proyecto contempla un incentivo para quienes denuncien herencias vacantes, otorgando un 15% del valor total del bien vendido al denunciante, conforme a lo establecido en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza. Se establecerán procedimientos para recibir denuncias de vacancia tanto de individuos como de entidades públicas y privadas, asegurando la verificación y liquidación del porcentaje correspondiente.

Para garantizar la transparencia, la autoridad de aplicación deberá enviar un informe anual a la Legislatura detallando la composición y uso del Fondo Escolar Permanente. Las actuaciones notariales necesarias para la ejecución de esta ley serán realizadas por la Escribanía General de Gobierno, asegurando la legalidad en todos los procedimientos relacionados con la enajenación de bienes y la disposición de activos.

El principal objetivo de esta medida es garantizar una fuente de financiamiento estable y permanente para la mejora de la infraestructura escolar en Mendoza. Los fondos generados se destinarán a proyectos específicos de construcción, reparación y mantenimiento de edificios escolares, asegurando una asignación estratégica y equitativa de los recursos en toda la provincia.

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