Ante la inminente presentación del proyecto anunciado por el Gobierno para otorgar al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias para dictar medidas de restricción durante la pandemia de coronavirus, Juntos por el Cambio mantiene la guardia en alto y se prepara para resistir a lo que denomina súperpoderes.

Con sus 115 legisladores, la principal coalición opositora le da volumen a la tropa que va por el rechazo, pero se suman algunas otras fuerzas más pequeñas como Consenso Federal, que reporta al ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

No obstante, el interbloque Federal al que pertenece el lavagnismo está dividido respecto a este tema. Antes de que el Gobierno explicitara su intención de enviar un proyecto, Eduardo Bali Bucca, del bloque Justicialista, le había sugerido al Poder Ejecutivo una propuesta similar.

"El Ejecutivo podría enviar al Congreso de la Nación la propuesta sanitaria de corto y mediano plazo para transformarla en Ley. Es el ámbito para debatir y potenciar una idea. Así vamos a evitar nuevas interferencias políticas que desvían la atención de lo importante", había tuiteado en medio del pico del conflicto por la presencialidad educativa. El interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce José Luis Ramón, de Mendoza, reveló a Noticias Argentinas que también va a acompañar la iniciativa oficialista.

Otro legislador de Mendoza, el diputado radical de Juntos por el Cambio Luis Petri aseguró que "la Constitución no puede ser puesta en cuarentena por una ley del Congreso".

Y destacó que el fallo de la Corte Suprema resolvió el debate al señalar que "no se puede avanzar" contra las autonomías provinciales aunque haya un DNU o en el hipotético caso de una ley".

"Espero que el Gobierno no avance, y si lo van a hacer que no sea para consagrar superpoderes", sentenció el legislador de la UCR. No obstante, reconoció que el Congreso sí podría regular "cuestiones vinculadas a la circulación de personas" en el actual contexto de pandemia.

Por su parte, el diputado macrista Pablo Tonelli dijo que "en principio no hay necesidad de conferirle al presidente más poderes de los que la Constitución le atribuye".

"Los únicos superpoderes que le haría falta es para echar a su subsecretario de Energía (Federico Basualdo)", chicaneó.

"Necesitamos que todos los poderes del Estado se ajusten a las facultades y competencias que le otorga la Constitución y que las ejerzan en plenitud pero dentro del ámbito de su autonomía", manifestó.

Tonelli celebró el fallo del supremo tribunal a favor de la autonomía de la Ciudad y su decisión de continuar la presencialidad educativa.

"El fallo de la Corte en términos muy esenciales y sintéticos dice que lo que necesitamos para enfrentar la pandemia es más constitución, no menos constitución", enfatizó.

En este sentido, señaló que "si cada poder actuara dentro de las esfera de sus competencias, los conflictos no existirían".

Además, marcó que "la propia Corte en su fallo hace invocaciones al federalismo de concertación", y agregó que "tanto en materia educativa como en materia sanitaria las competencias originarias las tienen las provincias".

"Lo que el Gobierno tiene es una facultad concurrente pero solo para actuar cuando el tema a regular tenga alcance nacional", diferenció.

Por su parte, la radical Brenda Austin también se posicionó en contra de la medida anunciada por el Gobierno, y resaltó que "la Corte ya ha dicho en este fallo que atacar y vulnerar la autonomía de las provincias y la Cuidad no puede ser hecho ni por un decreto del presidente ni por una ley del Congreso. De modo que estos son los limites que marca la Constitución y que la Corte se ha encargado de señalar para hacer cumplir".

La cordobesa advirtió que "lejos de lo que pretende instalar la vicepresidenta de la Nación (Cristina Kirchner) respecto de un golpe institucional, no acatar el sentido del fallo es lo que vulneraría el Estado de Derecho.

Desde Consenso Federal, la diputada Graciela Camaño adelantó el rechazo de ese bloque opositor y sostuvo que no está de acuerdo con "ningún superpoder".

"Por el contrario, una situación tan delicada como la que estamos viviendo , donde a veces es necesario restringir libertades, amerita que los tres poderes se pongan de acuerdo", explicó.

En declaraciones a Noticias Argentinas, Camaño valoró el fallo de la Corte Suprema e indicó que el Poder Ejecutivo "tiene la potestad de dictar la política sanitaria pero en el marco de los parámetros que establece la Constitución y la interpretación que hace el máximo tribunal sobre ella".

En contramano de otros espacios opositores, Ramón apoyó el proyecto oficialista y hasta se permitió criticar al Gobierno por no haberlo impulsado desde el primer momento en que comenzó la pandemia.

"Es lo primero que tendría que haber hecho. El Presidente tiene que tener un sistema con parámetros objetivos que las provincias deben seguir", argumentó, y agregó que eso le daría "calidad" a las decisiones vinculadas a restricciones, las cuales pasarían a tener un efecto "automático".

"Lo vemos totalmente favorable y vamos a apoyar desde el interbloque", ratificó a NA el diputado de Mendozas.

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