El informe aludió a la situación resultante de la modificación del régimen previsional establecida por la ley 27546, sancionada por el Congreso en marzo de 2020 (que fijó un nuevo régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios del Poder Judicial).
Esa ley transfirió desde el Consejo de la Magistratura a la ANSES la competencia para ejecutar los trámites de jubilación de jueces, fiscales y funcionarios judiciales.
Tras ese cambio en la normativa, la ANSES constató que "más de 210 magistrados" habían iniciado las gestiones para jubilarse aunque habían dejado el trámite inconcluso, una práctica bastante usual entre magistrados y miembros del ministerio público.
Quienes optaban por esa estrategia de dejar la jubilación en 'stand-by' seguían desempeñando la actividad como jueces o fiscales, y si en el Consejo de la Magistratura llegaba a prosperar alguna denuncia en contra de su desempeño en el cargo, entonces sí completaban el trámite.
Sobre esta cuestión, en la ANSES informaron que a partir de los cambios dispuestos por la ley 27546 se realizó una "investigación de rutina" por la cual se comprobó que "había funcionarios judiciales con expedientes de hasta 13 años en stand-by".
Esos magistrados, fiscales o integrantes del Poder Judicial, remarcaron, "mantenían en suspenso su jubilación, con los perjuicios y gastos administrativos que eso generaba al organismo".
Por último, desde la entidad anunciaron que "el resto de los expedientes" jubilatorios pertenecientes a jueces, fiscales y funcionarios judiciales que están iniciados pero que permanecen inconclusos por decisión de los propios interesados "pasará a una revisión caso por caso, para definir su situación".