Diario Uno > Política > Cuotas

Sagasti quiere que el Gobierno regule las cuotas de las universidades

La senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, ideó un proyecto por el cual el Ejecutivo podrá controlar las cuotas y valores de la universidades

El Estado Nacional, si avanza el proyecto que presentó la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, no sólo tendrá la potestad de controlar precios, también podrá dictaminar el valor de las cuotas de las universidades e instituciones educativas de nivel superior. Así no podrán determinar antojadizamente el monto de la cuota, sino que ésta deberá guardar relación "con el índice de inflación oficial y el salario mínimo, vital y móvil”.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fanabelfsagasti%2Fstatus%2F1382024845106556932

La iniciativa de la senadora y presidenta del PJ local, busca “establecer un marco regulatorio de las cuotas y aranceles de las instituciones educativas de gestión privada, incorporadas a la enseñanza oficial del nivel superior y/o universitario”.

Para eso pretende que todas las universidades e instituciones de educación presenten cada año un pormenorizado informe de precios que incluya:

  • Importe de la cuota mensual o arancel que percibirán por la prestación del servicio educativo, discriminado por cada carrera en caso de que sea necesario;
  • Importe de la matrícula de inscripción, reinscripción o de derecho a recursar;
  • Condiciones de reintegro en casos de arrepentimiento de inscripción al ciclo lectivo;
  • Importe o arancel por derecho de examen o permiso para rendir;
  • Cantidad de cuotas que se percibirán en el año;
  • Forma y plazo de pago de las cuotas;
  • Importe y criterios de aplicación de los recargos en caso demora;
  • Cantidad de alumnos que asisten al establecimiento;
  • Importe de la libreta universitaria y certificado analítico de estudios;
  • Todo otro concepto que represente un costo para los estudiantes y que se encuentre asociado a la prestación del servicio educativo durante el ciclo lectivo.

Ante ese informe será la Autoridad de Aplicación quien analice, supervise y regule esos importes y puede "exigir modificaciones cuando los mismos dañen o lesionen algún derecho consagrado en la Constitución Nacional y en la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 y sus modificatorias". La autorización definitiva de esa Autoridad de Aplicación tendrá “como fecha límite el 20 de febrero de cada año”. En caso de rechazo, deberán “aplicar los montos establecidos para el año anterior”.

A la hora de argumentar el proyecto, Fernández Sagasti aseguró que "la falta de regulación por parte del Estado sobre estas instituciones provoca un desigual costo de la educación privada de nivel superior en las distintas jurisdicciones y, además, permite el desmedido incremento de la cuota que éstas cobran por sus servicios provocando, por no contemplar la caída de poder adquisitivo en relación a la suba inflacionaria, que los estudiantes que asisten a estas instituciones, deban abandonar o menguar su intensidad de cursada".

Los números del proyecto

En el proyecto se consigna que estas instituciones privadas en la República Argentina no reciben subsidios del Estado, salvo para actividades de investigación. Sin embargo, por su carácter de entidades sin fines de lucro están exentas del pago de IVA ventas, del impuesto a las ganancias y a los activos.

Y en los fundamentos, Sagasti asegura que la mayoría de los padres de los alumnos que asisten a estas universidades son asalariados, cifra que alcanza un 80%. Por otra parte, una alta proporción de los estudiantes estudian y trabajan simultáneamente (más del 40%). Es decir, más del 80% de los ingresos de estas instituciones proviene de asalariados, ya sea de parte de los padres o de los mismos que asisten a sus aulas. Por otra parte, estas personas también aportan con el pago de sus impuestos al sostenimiento de las universidades estatales. La participación del sector universitario privado en el total de alumnos universitarios del país ronda el 20%. Sin embargo, en algunas provincias es mucho mayor, por ejemplo Salta y Mendoza, donde supera el 40%.

Pero también apela al ejemplo de los "preocupantes" aumentos que se implementaron en Mendoza de 2017 a 2018. "Si bien estos difieren por Universidad y carrera, en una de las entidades pasaron de cobrar $6400 en el año 2017 a $9500 en 2018, o bien tienen un aumento promedio del 30,5%. Las explicaciones para este incremento afirman que es el incremento que las instituciones necesitan para costear gastos operativos, salarios docentes y de personal e insumos. Sin embargo ni siquiera es un aumento proporcional a la inflación anual, siendo que la más optimista de la proyección para este año es del 23%. Por otra parte, existen carreras de grado que sólo se dictan en este tipo de instituciones, como los son Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Kinesiología, Médico Veterinario y Licenciatura en Nutrición, entre otras.