Mercedes Rus se reunió con el ministro de Seguridad de Bukele, quien expuso el modelo salvadoreño
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, compartió el trabajo realizado por el gobierno centroamericano para frenar la inseguridad
Por UNO
La minstra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el de El Salvador, Gustavo Villatoro, la de Mendoza, Mercedes Rus.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, se reunió este miércoles con su par de El Salvador, Gustavo Villatoro, Patricia Bullrich y otros funcionarios nacionales. El político salvadoreño compartió la estrategia implementada por su gobierno que les permitió pasar de ser el más violento de Centroamérica a alcanzar la tasa de homicidios más baja del continente.
Este logro, explicó, se debió al Plan de Control Territorial, una estrategia que permitió identificar y actuar en zonas críticas, logrando una clara reducción en los índices de criminalidad. También destacó el papel de los jueces en la implementación de las leyes, especialmente en el marco de los protocolos de guerra y el régimen de excepción, que permitieron una "respuesta eficaz" frente a las organizaciones delictivas.
Luego de escuchar a Villatoro, la funcionaria de Cornejo aseguró que “se necesitan herramientas legales para empoderar a las fuerzas en la lucha contra el delito, para ser más eficientes y estar más organizados que los delincuentes".
Mercedes Rus participó de un encuentro con Villatoro y Bullrich 1.jpeg
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, compartió con los presentes el plan de Nayib Bukele para terminar con la delincuencia en el país centroamericano que supo ser el más violento de la región.
"La ley antimafia -explicada más abajo- fue aprobada con amplia mayoría el martes en el Congreso, lamento que algunos diputados de Mendoza del PJ entiendan inconveniente otorgar estas herramientas para la lucha contra el delito”, continuó Rus en el encuentro que fue encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
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El encuentro estuvo encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
La actividad contó con la presencia de la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva; representantes de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier; de Articulación Federal, Néstor Majul, y de Coordinación Administrativa, Martín Siracusa.
También fueron invitados los ministros de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; de Salta, Marcelo Domínguez; de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff; de Córdoba, Juan Pablo Quinteros; de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y de Tucumán, Eugenio Agüero Gamboa.
¿Qué es la Ley Antimafia aprobada en el Congreso el martes?
El proyecto de reforma al Código Penal denominado "Ley Antimafia", impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich fue aprobado por la Cámara de Diputados este martes. Permitirá, entre otras cosas, condenar con la misma pena a todos los participantes de una organización criminal.
La Cámara de Diputados aprobó cerca de la medianoche por 137 votos positivos, de la Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Encuentro Federal e Innovación Federal, contra 92 votos, de Unión por la Patria y la izquierda.
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El congreso aprobó la Ley Antimafia, propuesto por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
La reforma del Código Penal aceptada es para delitos de narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de órganos y de personas, tenencia ilegal de armas y explosivos.
El núcleo central de las modificaciones es que se contempla una pena de 8 a 20 años de prisión o reclusión, por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito. En ese sentido, se establece que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella.
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La Ley Antimafia es una reforma al Código Penal que legislará específicamente los delitos de narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de órganos y de personas, tenencia ilegal de armas y explosivos.
Se considera que todos son partícipes necesarios para realizar el acto delictivo final.
La Ley Antimafia crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.
En ese sentido, se dispuso que cuando se autoriza judicialmente una zona sujeta a investigación especial, "las actuaciones pasarán a la Justicia Federal".
Una de las reformas que se incluyó es que cuando se trata de una investigación conjunta de varios distritos "la Fiscalía Federal competente convocará a la Fiscalía General provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las Procuradurías y Unidades Fiscales Especializadas, para integrar una Comisión Investigadora Conjunta".
En ese contexto, cuando se declara la necesidad de una investigación especial, las fuerzas policiales y de seguridad federales, provinciales y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán detener a una persona por 48 horas para averiguación por la comisión de determinados delitos, pero siempre que "exista una razón fundada".
Además, se podrá incautar mercadería presuntamente vinculada con la comisión de ilícitos, así como hacer requisas en las cárceles nacionales o provinciales.
A lo largo del dictamen de mayoría se determina que se podrán inmovilizar activos de personas humanas o jurídicas, previa orden judicial, cuando existieren sospechas de un vínculo con una organización criminal. También los investigadores, con previa orden judicial, podrán realizar allanamientos sobre los domicilios de un área determinada.
Ante la urgencia, los allanamientos podrán ser autorizados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) por cualquier medio, dando inmediata noticia a la autoridad judicial competente que emitió la orden original.
Otra potestad que tendrán será interceptar llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación, con orden de la autoridad judicial competente y mediante los sistemas que prevé la ley.
