La Cámara de Diputados se centra esta semana en un debate ambiental y económico clave. Tras el triunfo legislativo en el Senado, el oficialismo impulsa un plenario de comisiones para tratar la reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares, buscando aprobarla antes de fin de mes para destrabar inversiones millonarias en provincias cordilleranas.
La urgencia gubernamental responde a la agenda del presidente Javier Milei, quien participará del evento “Argentina Week 2026” en Nueva York. El avance de la ley es fundamental para atraer capitales internacionales interesados en la minería de litio, cobre e hidrocarburos.
El proyecto cuenta con el respaldo de varios gobernadores, incluidos sectores del peronismo de provincias mineras como San Juan y Catamarca, quienes argumentan que la normativa actual, vigente desde 2010, es demasiado rígida y frena el desarrollo económico regional.
Los puntos de quiebre: ¿Qué cambia realmente con la ley de Glaciares?
La reforma propone una redefinición técnica que altera el estatus de protección de las áreas periglaciares (suelos congelados que rodean a los glaciares):
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Fin de la prohibición automática: Actualmente, la ley prohíbe cualquier actividad industrial en zona periglacial. El nuevo proyecto permite la exploración y explotación siempre que se apruebe una evaluación de impacto ambiental previa.
Función hídrica como filtro: Solo se protegerán las áreas periglaciares que cumplan una función probada como "reservas estratégicas de recursos hídricos". Aquellas que no tengan un rol hídrico fehaciente quedarán habilitadas para la actividad económica.
Federalización del control: Se otorga mayor facultad a las provincias para decidir qué zonas proteger, reduciendo la centralización nacional en la materia.
El cronograma legislativo para la ley de Glaciares
El debate comienza este miércoles a las 10 en un plenario encabezado por las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales. Aunque el oficialismo busca celeridad, la resistencia social y técnica promete una discusión extendida.
Sin embargo, con el antecedente de los 40 votos a favor en el Senado, el Gobierno confía en que la reforma será ley antes de que termine el mes, marcando un giro histórico en la política ambiental y extractiva de la Argentina.
La resistencia: ONGs y oposición en alerta
Del otro lado, organizaciones ambientalistas y bloques de la oposición dura denunciaron que estos cambios "vacían de contenido" la ley original. Argumentan que los ambientes periglaciares son ecosistemas complejos cuya función hídrica no siempre es fácil de medir a corto plazo, y que su intervención pone en riesgo el suministro de agua dulce en un contexto de crisis climática global.
Diversas ONGs iniciaron una campaña para retrasar la sanción, solicitando audiencias públicas y la intervención de científicos del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales). Sostienen que permitir la megaminería en estas zonas críticas podría generar daños irreversibles en las cuencas que alimentan a las poblaciones de la región andina.




