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Reforma de la Constitución: el ahorro "político" que perderá Mendoza por la grieta

En medio del frustrado debate sobre la Reforma de la Constitución, el oficialismo insiste con que la unicameralidad reduce el gasto político y el PJ propone mantener la bicameralidad y ponerle un tope al gasto legislativo

Con especulaciones y mezquindades, de un lado y de otro de la grieta político-partidaria, este capítulo de la larga historia de la Reforma de la Constitución de Mendoza parece tener el mismo destino que los anteriores: el fracaso.

En la discusión que debió ser en la Legislatura, pero se dio en los medios, ni radicales ni peronistas encontraron un punto de conciliación. Los primeros, con el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, a la cabeza insistieron en que pasar de la bicameralidad actual a un sistema unicameral generaba un importante ahorro del costo político, que se reflejaría en esto de pasar de tener 86 legisladores a tener sólo 48.

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En el PJ rechazaron esa afirmación y en un comunicado retrucaron que no sólo no era contundente el ahorro, sino que la unicameralidad "perjudicaba la representación de las minorías y debilitaba el sistema de control legislativo". Bajo este argumento y a la vez, para mostrar otra alternativa al ahorro del costo político, el partido que lidera Anabel Fernández Sagasti presentó este miércoles un proyecto para enmendar sólo el artículo 92 de la Constitución y poner un tope al gasto de ambas cámaras legislativas, fijado en un porcentaje del presupuesto provincial. es

Sin embargo, y pese a que las propuestas de uno y otro son bien diferentes, el impacto que pudieran tener en las arcas estatales sería muy similar: ambos suponen en lo inmediato un ahorro cercano a los $900 millones. Claro está que ese ahorro sólo quedará en los papeles, porque en lo concreto ninguno de los dos proyectos tienen chances reales de aprobarse, ya que el PJ ya adelantó que no tratará la Reforma y nada hace pensar que el oficialismo, que tiene mayoría en ambas cámaras, vaya a analizar la iniciativa peronista.

Esa sutil coincidencia revela que, más allá del presunto ahorro estatal, lo que los aleja son meras especulaciones electorales, de lo que podría perder o ganar cada espacio con la reforma constitucional.

"Podríamos hacer construir 6 hospitales y 10 escuelas"

Enfurecido, luego de saber que el PJ rechazaba discutir su proyecto de reforma constitucional, el gobernador Rodolfo Suarez, remarcó una y otra vez el recorte del gasto político que incluía su iniciativa al reducir las dos cámaras legislativas a sólo una, y así furioso disparó que con el ahorro de 4 años, "podríamos hacer construir 6 hospitales y 10 escuelas".

En el cálculo que hacen en Casa de Gobierno, del presupuesto 2021 de la Legislatura que es de $1.785 millones, se podrían ahorrar por año unos $900 millones. "Con eso se podrían construir anualmente unas 250 casas del Instituto Provincial de la Vivienda, o construirse por año 45 Centros de Salud como el que se inauguró tiempo atrás en Vista Flores, Tunuyán", aseguran según las cotizaciones que maneja el Ministerio de Infraestructura y traen a la mesa que la reforma y ampliación del Hospital Central costó en números redondos unos $500 millones.

"Con un tope se reduce el gasto y se asegura la representación"

Mientras el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, explicaba a sus propios legisladores los detalles del proyecto que se presentó en agosto del 2020, el PJ ingresaba a la Cámara de Senadores el proyecto por el cual pretende "topear" el gasto legislativo.

Esa iniciativa pretende reformar el artículo 92 de la Constitución, de manera tal que cada Cámara nombre a sus autoridades y proponga su respectivo presupuesto de gastos al Poder Ejecutivo para ser incluido en el proyecto general de presupuesto de la Provincia. El presupuesto total de la Legislatura en ningún caso podrá superar el 0.35% de incidencia en el Presupuesto.

Cabe aclarar que en la actualidad el presupuesto legislativo es del 0,67% del presupuesto provincial, por lo que con esta enmienda, en este año de los $1785 millones, se reducirían a unos $932 millones, con lo cual el ahorro sería de $853 millones.

"No se puede ahorrar a costa de la representación de los mendocinos, con esta enmienda de este artículo nos aseguramos un tope en el gasto legislativo, que sería una buena señal a los demás poderes del Estado. Además esto no supone despedir personal, porque el presupuesto legislativo crecería cada vez que crezca el presupuesto provincial", explicó el presidente del bloque de Senadores del PJ, Lucas Ilardo.