Una de las primeras medidas de Rodolfo Suarez tras asumir como gobernador fue enviar el proyecto para modificar la Ley 7.722 que prohíbe el uso de algunas sustancias en la actividad minera.
Según los fundamentos del proyecto enviado este martes a la Legislatura Provincial por el Ejecutivo esta ley ha quedado obsoleta.
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Desde su sanción, en 2007 han aparecido una serie de nuevas legislaciones que prometen mayores controles y aseguran la conservación de los recursos naturales de la provincia, sin prohibir directamente toda actividad minera que precise de la utilización de sustancias químicas. De hecho, en este proyecto, la única sustancia que queda expresamente prohibida es el mercurio.
Los motivos
Varias son las razones por las que Suarez sostiene que la 7.722 se quedó en el tiempo, en otra realidad que difiere mucho de la actual.
En primer lugar, menciona que la 7.722 fue sancionada en 2007, en un período de alta conflictividad social, donde se temía que la actividad minera contaminara el agua.
Lo que ocurría en ese momento, según la fundamentación, es que ni el país ni la provincia contaban con recursos necesarios para controlar la actividad minera, como tampoco para definir cómo y dónde podía realizarse. Por este motivo, dirigentes políticos, gente del derecho ambiental y asambleístas creyeron que el mejor camino era la restricción de determinados tipos de actividad.
Sin embargo, el proyecto sostiene que actualmente esos recursos están disponibles y se traducen en nuevas legislaciones, nacionales y provinciales. Incluso, en el fallo de la Corte Provincial, que determinó la constitucionalidad de la 7722, también recomendó revisar ciertos puntos.
Leyes importantes
Uno de los puntos principales por los que se considera como obsoleta esta ley, es que actualmente, está vigente y aprobado un Plan de Ordenamiento Territorial, que da indicaciones claras al respecto de los sitios en los que se puede llevar adelante esta actividad.
También está concluido el Inventario que protege las áreas glaciales.
Todo esto, sumado a una política de desarrollo de la actividad minera, permite la concreción de iniciativas de esta industria, que no pongan en riesgo los recursos naturales ni el medioambiente.
Lagunas legislativas
Entre las consideraciones del proyecto de Suarez, se indica que en la 7722 se han detectado "lagunas legislativas", que tienen que ver con los controles posteriores a la explotación y este punto es uno de los más cuestionados por la población.
"Hay que abordar este aspecto sin volver prohibitiva la actividad", reza el proyecto.
Beneficios de la explotación minera
Para concluir, la iniciativa oficial pone de relieve los beneficios para la provincia que ellos consideran importantes para dar luz verde a la minería metalífera.
Aseguran que la actividad minera se caracteriza por ser de alto riesgo de inversión y de capital intensivo, que genera y requiere de infraestructura diversa y de una fuerte demanda de servicios y de mano de obra de todo tipo.
Además, los inversores pagan tasas e impuestos nacionales, provinciales, y regalías.
Estos son los motivos por los cuales a la 7722, tal y como está planteada, le quedan pocos días de vida.
Los pasos en la Legislatura
El senador de Cambia Mendoza Alejandro Diumenjo explicó a Radio Nihuil que el proyecto cuenta con consenso social luego de que Suarez lo dijera en la campaña que lo llevó a gobernador.
En ese sentido explicó que más allá de las protestas se debe avanzar en el tema y para ello propuso que las comisiones de las cámaras de diputados y de senadores traten el proyecto al mismo tiempo.