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Jubilación de magistrados

Qué intereses hay detrás de las 26 jubilaciones de jueces trabadas en ANSES

En el Gobierno de Suarez deslizan que detrás de las trabas a la jubilación de 26 jueces hay intereses económicos y políticos. Anses respondió con una resolución

La jubilación de un juez o un fiscal no es un trámite menor, ni para el interesado, ni para el Gobierno de turno. No sólo por el trámite en sí, si no por lo que hay detrás de ese cargo, y por la vacante que deja al pasar a pasiva. En los últimos días el Gobierno de Suarez informó que en la actualidad hay 26 jueces y fiscales cuyas jubilaciones están trabadas en Anses, ya que varios de ellos llevan más de un año esperando por su trámite y su expediente no avanza.

De muestra cuentan que el trámite en Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que antes duraba 60 días, hoy se puede extender hasta los 18 meses, es decir un año y medio, como es el caso de alguno de los magistrados mendocinos interesados en jubilarse; y recuerdan que en la gestión de Alfredo Cornejo se jubilaron y reemplazaron 95 magistrados y en los dos años de Suarez, sólo lograron hacerlo 9.

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A la hora de argumentar por qué se da ese retraso, desde Casa de Gobierno vislumbran dos causas: una económica y otra política.

"El retraso se debe a que económicamente al Gobierno nacional le conviene que sea la provincia la que continúe pagando los haberes de esos jueces que no logran jubilarse, que además no son bajos montos, porque al darles el alta a ese haber jubilatorio lo empieza a pagar Anses y por otro un interés netamente político, ya que al mantener trabadas esas jubilaciones impiden que haya un recambio en el Poder Judicial y a la vez le impiden al Gobierno de turno poder hacer nombramientos", aseguran sin titubeos.

Cómo se llega a la jubilación

En la actualidad, todo magistrado que haya cumplido ya con los requisitos de años de aporte (30 años) y edad (más de 65 años) para jubilarse puede iniciar el trámite para acceder a esa jubilación. El camino es que presente la renuncia a su cargo, algo que ingresa a la Subsecretaría de Justicia, y debe ser aprobada por el gobernador, que será quien emita un decreto con esa resolución. En paralelo debió haber iniciado el trámite jubilatorio en Anses.

En la práctica esa renuncia está condicionada al efectivo cobro del haber jubilatorio, es decir que una vez que el juez percibe el primer haber jubilatorio, automáticamente se le acepta la renuncia y en un plazo no mayor a las 48 horas deja de ser magistrado. Esto es así por que de otra manera, con el retraso en los trámites en Anses, esos jueces podrían pasar más de un año sin percibir sus salarios.

Ante la consulta por estos retrasos, desde el organismo nacional evitaron hacer declaraciones y sólo se limitaron a responder con una gacetilla que aludía a los cambios en el régimen jubilatorio de magistrados que se modificó por ley el año pasado.

31_Resolucion_jueces.pdf

Haciendo alusión a la ley 27.546 del Régimen Jubilatorio para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público, que data de marzo del año pasado, desde Anses aseguran que la mecánica para iniciar la jubilación debe ser inversa e indican que el cese definitivo en el ejercicio del cargo se produce cuando la renuncia presentada por el magistrado es aceptada por la autoridad competente, en este caso por el gobernador. Acto seguido aclaran, que la aceptación de la renuncia determina la adquisición del derecho y el régimen legal aplicable.

Cabe decir que esa ley modificó las condiciones para que los magistrados lleguen a jubilarse, entre otros subió la edad jubilatoria de los magistrados a 65 años, aumentó 7 puntos los aportes y además estableció que a partir de ese momento el haber que percibirá quien pase a pasiva será equivalente al 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones y no del último salario que cobraron en actividad.

Ese cambio, generó una catarata de iniciación de trámites de jubilación de varios magistrados que estaban en condiciones de hacerlo y que no querían verse alcanzados por la nueva legislación y Mendoza no escapó a la regla nacional.

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