La provincia de Santa Fe atraviesa horas de extrema tensión tras una serie de protestas policiales que comenzaron en Rosario y se extendieron por el territorio provincial. El conflicto, que mezcla reclamos salariales con internas institucionales, ha escalado rápidamente, provocando una respuesta tajante del Gobierno de Maximiliano Pullaro.
El gobierno provincial sostiene que no negociará bajo presión y que mantendrá la política de "mano dura" contra la corrupción interna, factor que señalan como el verdadero motor de la revuelta.
La protesta no fue espontánea, se gestó a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, alimentada por un malestar acumulado "debido a las condiciones de trabajo y la pérdida del poder adquisitivo". Lo que comenzó como un reclamo de familiares y efectivos de franco, derivó en escenas de acuartelamiento parcial en algunas dependencias de Rosario.
En este contexto, se realizó un operativo de las fuerzas federales para evitar bloqueos, lo que aumentó la fricción entre los efectivos provinciales y la Nación.
La Provincia ordenó 20 pases a disponibilidad
La respuesta administrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad no se hizo esperar. De acuerdo con La Capital, el Gobierno ya dictó el pase a disponibilidad de 20 efectivos vinculados directamente con las protestas. Esta medida implica el retiro del arma reglamentaria y una reducción salarial inmediata mientras se investiga su conducta. El objetivo oficial es claro: desarticular cualquier intento de insubordinación que ponga en riesgo la seguridad pública.
Desde la Casa Gris, la lectura del conflicto trasciende lo salarial. El gobierno santafesino denunció formalmente que detrás de estos movimientos existen "sectores policiales desplazados" que buscan desestabilizar la gestión de seguridad. Estos grupos estarían integrados por exmiembros de la fuerza apartados por vínculos con el delito o irregularidades, quienes utilizarían el reclamo legítimo de los agentes activos para generar caos.
Rosario en el ojo de la tormenta
La situación en Rosario es especialmente delicada. La ciudad, que ya enfrenta una crisis crónica de violencia narcocriminal, se vio afectada por una merma en el patrullaje preventivo durante los picos de la protesta. El operativo contra familiares de efectivos subraya la decisión política de no permitir que el reclamo gremial —prohibido por ley para las fuerzas de seguridad— se convierta en una parálisis del Estado.




