Prueba de fuego para el gobernador sancarlino

Ha vuelto a comprobarse que las astillas del mismo palo suelen ser las más bravas. Por estas horas lo padece el recién estrenado gobernador Rodolfo Suarez con sus coterráneos, los sancarlinos. 

Muchos de sus otrora vecinos, amigos y correligionarios políticos fueron activos organizadores en la sonora movilización que generó el movimiento ambientalista por la modificación de la ley antiminera.

Pero, obvio, una cosa es una manifestación lícita en cualquier democracia aunque sea con las "astillas" ya aludidas, y otra el ya clásico ritual bárbaro de los violentos antisistema al atacar a piedrazos a los policías que custodiaban las vallas de contención en la explanada de la Casa de Gobierno, situación que dejó 19 policías heridos y diversos daños materiales en el Memorial Sanmartiniano y el Parque Cívico.

Con aval mayoritario

La reforma de la Ley 7722, conocida como ley antiminera, fue aprobada el pasado viernes por una mayoría de senadores y diputados del radicalismo y del peronismo en uno de los actos políticos más potentes de los últimos tiempos en Mendoza, al punto que ha tenido fuerte repercusión nacional.

El presidente Alberto Fernández siguió con interés esa aprobación que, por ejemplo, permitirá la explotación de la "lengua" del yacimiento de Vaca Muerta que se introduce en la provincia de Mendoza, al tiempo que reactivará en principio unos 20 proyectos mineros que estaban estancados por la prohibición de usar determinadas sustancias.

Esa modificación, que ahora permitirá la minería metalífera antes prohibida, fue elevada a la Legislatura por el actual titular del Poder Ejecutivo luego de varios meses en los que el ex mandatario Alfredo Cornejo movilizó el proyecto junto al peronismo y otros referentes políticos, empresarios y gremiales. 

Lo había prometido

El dato sobresaliente es que los cambios en la ley antiminera fueron parte de las promesas de campaña de Rodolfo  Suarez, y ese punto fue exaltado por dirigentes oficialistas. Uno de los más vehementes fue el intendente Marcelino Iglesias: "¿cómo se  va a anular una ley que los mendocinos avalaron como parte del programa de gobierno de Suarez?"

El concepto que mueve esta reforma es que la minería metalífera puede ser el motor que modifique la matriz productiva de Mendoza, estancada desde hace varios años, al generar puestos de trabajo y una reactivación de las pymes que giran alrededor de la explotación de los yacimientos.

El punto clave para que esta actividad prospere es el estricto control en el uso de las sustancias que antes estaban prohibidas. Siguiendo el ejemplo de otros países que han logrado aunar minería metalífera con cuidado del ambiente, la modificación de la ley crea una policía minera específica,  una comisión bicameral de legisladores para hacer el seguimiento, y el control multisectorial de entidades civiles. 

Australia es uno de los ejemplos que aquí se suele sacar a relucir ya que, como Mendoza, tiene una creciente industria vitivinícola junto a una minería metalífera que se ha destacado por los rígidos controles del gobierno y  la sociedad civil.

La prueba de fuego que le ha tocado vivir a Suarez en este lunes prenavideño será seguramente una bisagra en su carrera de gobernador. Un crecer de golpe. 

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