El llamado protocolo antipiquetes es el método que usa el gobierno de Milei para enfrentar las protestas. Imagen ilustrativa.
El Ministerio de Seguridad de la Nación difundió este martes un comunicado en el que aseguró que el protocolo antipiquetes “continúa vigente”, pese a los cuestionamientos judiciales que había recibido en los últimos meses.
La cartera que conduce Alejandra Monteoliva sostuvo que, tras un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, la normativa que regula la intervención de las fuerzas de seguridad frente a cortes de calles y rutas sigue en plena aplicación.
En ese sentido, remarcó que se trata de una herramienta destinada a "garantizar la circulación y el uso del espacio público":
— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) March 31, 2026
El protocolo antipiquetes está "en plena vigencia", según el gobierno
“El protocolo está en plena vigencia”, enfatizó el comunicado oficial, que además ratificó que las fuerzas federales continuarán actuando “cuando sea necesario para defender la libertad, garantizar el orden y hacer cumplir la ley”.
La aclaración se produce en un contexto judicial complejo y en un momento difícil para la economía de los hogares argentinos. A fines de diciembre, un juez federal había declarado la nulidad del protocolo al considerar que el Poder Ejecutivo avanzó sobre facultades propias del Congreso y vulneró derechos constitucionales como la protesta y la libertad de expresión.
patricia bullrich protocolo antipiquetes
La senadora Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, fue una de las mayores defensoras del protocolo antipiquetes.
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Sin embargo, esa decisión no tuvo efectos inmediatos: el gobierno apeló el fallo y la Justicia concedió ese recurso, lo que permitió que la medida continúe aplicándose hasta que haya una resolución definitiva en instancias superiores.
El protocolo antipiquetes -formalizado en diciembre de 2023 mediante la Resolución 943- fue una de las primeras medidas del gobierno de Javier Milei en materia de seguridad y generó fuertes controversias desde su implementación.
Mientras el oficialismo lo presenta como una herramienta clave para garantizar el orden y la libre circulación, sectores opositores y organismos de derechos humanos lo cuestionan por considerar que limita el derecho a la protesta.
En ese escenario de tensión entre las manifestaciones y los tribunales, el mensaje busca despejar dudas: más allá del debate judicial, para el gobierno el protocolo -al menos por ahora- sigue activo.
