Cuando parecía que no pasaba nada bajo la presión de la cuarentena, el malestar que se estaba gestando se liberó con la movida de Vicentin.
El Gobierno debería tomar nota de que la expresión que se ha visto en diversas ciudades del país dice mucho más que el no a la expropiación de la principal empresa de Santa Fe.
Es improbable que la mayoría de quienes se movilizaron conozcan la historia tremebunda de la compañía que creció al calor de las dictaduras y se consolidó con los créditos privilegiados del Banco Nación, desde al menos 2003 hasta los últimos días de la gestión macrista.
Ese "estrés financiero" que acusó Vicentin a fines del año pasado fue el epílogo de una crónica que se venía anunciando mientras se aceleraban los préstamos con la firma de Javier González Fraga, aún a riesgo de la estabilidad del banco estatal.
Casi 30 mil familias santafesinas están pendiendo de la suerte de la compañía, pero el interés por cómo se resuelve el asunto se proyecta a todo el territorio nacional.
Mucha tarea tendrá la Justicia por delante para desentrañar la maraña espuria que conecta a empresarios y funcionarios inescrupulosos que, bajo el manto de la actividad productiva, dejan el tendal de damnificados, entre los que se encuentran el propio Estado y miles de personas que viven de su esfuerzo.
Pero la fórmula para resolver el embrollo que aceptó el presidente Alberto Fernández, cuando la compañía se encontraba en concurso preventivo, no hizo más que azuzar la reacción de productores involucrados, dirigentes ruralistas, y parte del arco opositor. Las redes sociales hicieron el resto para ocupar la calle con manifestantes sin reparos al confinamiento.
El mecanismo de intervención para su posterior expropiación puso los "cuestionamientos" de índoles legal, económico y político a la orden del día. Y no son pocos los que han aconsejado otras soluciones al Presidente, como la salida cooperativa, que dio a conocer el titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto.
La propuesta de gestión mixta del gobernador justicialista, Omar Perotti, podría relajar las tensiones, pero pone otra vez en una encrucijada a Alberto Fernández, quien deberá mostrar cintura política ante la coalición gobernante, que no le da tregua, y frente a los sectores productivos y empresarios que temen que "las ideas alocadas" se conviertan en realidad.
Las expresiones en las calles muestran, más allá de la empatía que se pueda sentir con el caso Vicentin, que hay una masa crítica de la población que anhela otras formas institucionales de resolución de los temas y que existe una sensibilidad social que mide en cada decisión cuánto nos acercamos o alejamos del modelo del régimen de Maduro.
Y mientras se discute sobre la expropiación de Vicentin, sobre la base de la presunta "soberanía alimentaria", no se vislumbran acciones estructurales que garanticen que millones de habitantes no pasen hambre o vivan mal alimentados.
Políticas públicas de aliento a la inversión, promoción de diversidad de jugadores en el complejo agroalimentario, transparencia en la cadena comercial y programas crediticios y fiscales estratégicos podrían ser eficaces para revertir la lógica concentradora de un mercado oligopólico que se ha consolidado durante décadas. Es decir, decisiones idóneas y sostenibles por encima de consignas grandilocuentes.
La pregunta es si para cuestiones realmente polémicas como el de la cerealera, Alberto Fernández estará dispuesto a apelar al "consenso" en pos de dotar de mayor legitimidad a uno de los asuntos más destacados que hoy tiene en su agenda. Vale recordar que en más de una ocasión, el Presidente ha dicho que sin "consenso" no se puede avanzar con el proyecto Portezuelo...
Portezuelo, con el viento en contra
El histórico megaproyecto de Mendoza ha quedado enredado por la acción presidencial a semanas de cerrar el proceso licitatorio. Tras los gestos negativos de Alberto Fernández, ahora se suma Río Negro a los cuestionamientos tratando de imponer una serie de condiciones.
Si bien no se disculpó con Mendoza, como hubiera correspondido por sus dichos anteriores, Fernández afirmó que la Nación honrará los pagos con nuestra provincia y que quiere que la obra se haga, pero que la presa quede bajo la administración conjunta de las provincias.
En una entrevista radial el Presidente volvió a hablar de la necesidad de "consenso" con las provincias "afectadas", a sabiendas de que cambiaron de color político. Y otra vez le asestó un garrote al afirmar, erróneamente, que Mendoza se podría quedar con el agua; y que sólo había declaración de impacto ambiental aquí, ninguneando el estudio regional realizado por las universidades nacionales de la Plata y del Litoral, y que fue aprobado en marzo de 2019 por el Comité Ejecutivo del Coirco (con la histórica oposición de La Pampa). Por su parte, la UNCuyo realizó otra manifestación de impacto ambiental de la presa y central hidroeléctrica, cumpliendo con las observaciones del dictamen técnico de la UTN.
Rodolfo Suarez adelantó que ofrecerá en la reunión del 26 de junio con los demás mandatarios de la cuenca del Colorado la conformación de un fondo de garantías que sirva para sancionar a Mendoza en caso de incumplimiento. En cuanto al manejo del agua, aclara que ya está establecido que queda en manos del Coirco mientras se realizan la presa y el llenado. En el equipo de Suarez hay mayor optimismo que hace unas semanas para destrabar las objeciones.
Para hacerla corta: pase lo que pase en el marco del Consejo de Gobernadores del COIRCO, el proyecto seguirá su curso en los plazos planificados dependiendo de la voluntad política que tenga Alberto Fernández (o según el destino que Cristina tenga proyectado para Mendoza). No hay que darle más vueltas al asunto.
Por si fuera poco...
En su primer informe ante el Congreso, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero dio malas señales para Mendoza. Al hablar de la asistencia por la pandemia, sumó al magro envío de ATN por 1.255 millones de pesos todo programa nacional que tuvo a mano. Cada partida ejecutada por el gobierno nacional se la facturó a Mendoza como para abultar la cifra, cuando debería desagregar las ayudas como se hace en el ranking del resto de las provincias.
Por otro lado, sigue en veremos para la administración de Suarez el programa de Emergencia Financiera en carácter de préstamo que ya llegó a varias provincias, mientras que la reestructuración de la deuda con el Banco Nación continúa empantanada, lo que implica una sangría constante de las finanzas provinciales.
La situación de Mendoza, o sea, de la mayoría de quienes habitan esta tierra está complicada. Gente que se quedó sin trabajo, cuentapropistas parados, laburantes en negro desamparados, negocios cerrados.
Un reciente relevamiento de la UIA indica que las empresas se han visto forzadamente endeudadas por la ruptura en la cadena de pagos y la caída de la facturación. Y la mitad está con dificultades para afrontar el medio aguinaldo. Se trata de un problema complejo derivado de la pandemia que también aqueja a nuestra provincia.
El ministro Lisandro Nieri avisa que si llegara a tiempo la asistencia financiera que le corresponde a Mendoza, la situación empezaría a despejarse y se podría adelantar el cronograma de pagos del medio aguinaldo a los empleados estatales. Depende de la discrecionalidad de la Nación, si nos atenemos al informe de Cafiero.
Las evidencias hablan por sí solas: el lugar que el gobierno de la Nación le está dando a la Provincia hoy muestra un panorama desalentador. El gobierno local y toda la dirigencia provincial deberán esmerarse para que Mendoza reciba el trato que se merece.