Hace casi 6 años fue el escándalo de La Rosadita mendocina y luego llegó a la Justicia. Ahora, esa investigación por la oficina paralela de Obras Públicas del Gobierno de Mendoza en la gestión de Paco Pérez avanza pero al ritmo de las causas complejas, como son los delitos económicos.

Hay por lo menos 4 imputados por el delito de fraude a la administración pública en modalidad estafa y falsificación. El más conocido es Claudio Barraza, funcionario de Pérez que estaba al frente de la Dirección de Infraestructura Básica (DIB).

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Claudio Barraza, uno de los imputados.

Claudio Barraza, uno de los imputados.

El epicentro de la pesquisa a cargo de la UFI de Delitos Económicos fue una vivienda situada en el barrio Bombal de Ciudad, casi frente a la Casa de Gobierno.

Durante un allanamiento a esa propiedad, que fue hallada prácticamente desmantelada cuando ingresaron las autoridades, se encontraron papeles membretados y comprobantes de transferencias. Y otra documentación que pasó a ser peritada por los especialistas contables del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.

Cinco obras públicas son el eje de la investigación por fraude a la administración pública donde están involucrados, también como imputados, tres inspectores, además del funcionario Barraza.

Las licitaciones y concursos de precios, posteriores contrataciones y el desarrollo de cuatro obras cloacales y de agua y una de tipo eléctrica son el meollo de la cuestión. Y por supuesto los pagos de las certificaciones a quienes los hayan recibido.

¿En qué punto está ahora la pesquisa? En un punto clave: el relevamiento de lo efectivamente concretado en cada una de esas obras para cotejar si coincide con lo previsto en los pliegos de condiciones.

Sin embargo, esto, que resulta tan sencillo de explicar y de escribir, a los efectos judiciales es un proceso complejo que lleva tiempo y recursos porque requiere de testigos que expliquen los alcances de las contrataciones y de peritos que constaten in situ el real avance de las obras. Y si de algo carece la UFI de Delitos Económicos desde su creación es de tiempo y de recursos para avanzar a paso firme sobre casos como éstos.

Sigue en libertad

Claudio Barraza quedó a disposición de la Justicia en agosto de 2018, cuando se presentó ante el fiscal Ríos Ruiz en los tribunales provinciales y se negó a prestar declaración indagatoria.

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Hernán Ríos Ruiz, fiscal de Delitos Económicos de Mendoza.

Hernán Ríos Ruiz, fiscal de Delitos Económicos de Mendoza.

Acudió, sin más remedio, debido a la fuerte exposición pública del caso conocido públicamente como "La Rosadita" mendocina y porque su nombre y apellido no dejaban de aparecer en los medios.

Ya desde la Justicia lo habían sindicado como el funcionario de Paco Pérez al que la Justicia no podía encontrar ni siquiera para notificarlo.

Gracias a los buenos oficios del abogado defensor Sergio Vignaud, a Barraza se le otorgó el mantenimiento de la libertad teniendo en cuenta que no pondría en riesgo la investigación y que tampoco escaparía de la Justicia. También se tuvo en cuenta que la pesquisa sería de largo aliento.