Marcelo Puertas, inspector general de Seguridad.
La investigación por el ataque de un preso a la fiscal Claudia Ríos ocurrido el miércoles avanza tanto en la Justicia como a nivel interno, desde el propio Servicio Penitenciario y desde la Inspección General de Seguridad. Justamente el titular de este organismo, Marcelo Puertas, confirmó este jueves que hasta ahora los involucrados son 8 agentes pero no descarta que se sumen otros e incluso que sean vinculados algunos jefes de áreas.
Los 8 involucrados hasta el momento serán citados a declaración indagatoria entre el lunes y el martes próximo. Mientras tanto cobrarán la mitad de sus salarios, al menos el porcentaje correspondiente a 15 días, periodo que puede ser ampliado según lo que determine la investigación.
El inspector de Seguridad adelantó que los penitenciarios serán imputados, en principio, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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Marcelo Puertas fue entrevistado en Radio Nihuil Por Pablo Gamba, Carina Scandura y Carlos Hernández.
Lo primero que explicó fue que "hasta ahora son 8 los penitenciarios apartados. Entre lunes y martes serán citados a declaración indagatoria y ellos podrán prestar testimonio o no, según las estrategias que establezcan sus abogados defensores".
El inspector admitió además que "puede haber más involucrados, entre ellos los responsables de la conducción de cada área, por falta de control".
Puertas detalló que "el preso que es trasladado debe ser requisado delante de unas cámaras y luego se lo sube a un móvil de traslado. Precisamente el traslado es una sección particular de la penitenciaría que se encarga de eso, del traslado de internos entre penales o a las audiencias, como en este caso, al Polo Judicial".
El inspector fue consultado por las tres requisas que habitualmente se hacen el inspector y se permitió dudar: "Hay que ver si se hicieron requisas cuando llegaron a Estrada (Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos) y a su vez antes de ingresar a la sala de audiencias".
Agregó que "los 8 vinculados hasta ahora son los que están en todo ese derrotero, desde Almafuerte hasta la sala".
Sobre las requisas, el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, admitió que hasta ahora sólo se acreditó una.
"En principio hay una culpabilidad grave. No deshecho que haya habido connivencia o algo planificado. No hay antecedentes cercanos -hubo en uno en 2001- de algo tan grave como el ataque a una representante del Ministerio Público", dijo también.
Puertas se refirió asimismo a que "los penitenciarios presentes en la sala (eran 5 para custodiar a 3 presos) advirtieron al tribunal que era mejor no quitarles las esposas a los detenidos por la peligrosidad que mostraban y eso consta en acta. El juez no lo permitió porque entendió que se vulneraría un principio constitucional".
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